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Guerra judicial y persecución mediática en Suramérica

El escenario político latinoamericano de los últimos seis años ha golpeado a varios países de manera uniforme, en un marco donde las actuales fuerzas políticas representativas de los sectores concentrados de la economía ya no necesitan llevar adelante un golpe de Estado para instalar un gobierno que sostenga sus intereses.

Ese sector, presente en todos los países de la América Morena, al que poco le preocupa el destino nacional, se conforma por terratenientes agroexportadores (varias veces extranjeros), corporaciones transnacionales (con sus socios internos) y por los medios de comunicación concentrados. Esta rosca es dirigida por el poder de las finanzas mundiales: los bancos internacionales. Su objetivo es la mayor concentración posible de la renta.

Nos parece importante identificar al enemigo de las clases populares trabajadoras, ya que indudablemente, para enfrentarlo antes debemos conocerlo.

El modus operandi para lograr el cometido de aquel sector, que en décadas pasadas era el uso de las fuerzas armadas, es lo único que ha mutado. Hoy es la tan mencionada lawfare, o guerra jurídica, como en realidad nos corresponde llamarle. Puede definirse como el “…uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político.” Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: logar que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción. (1)

De tal manera, el poder republicano utilizado para esta causa ha sido el judicial, el único cuya elección de miembros no es popular, y cuyo accionar es supuestamente apartidario y apolítico, con expertos que utilizan un lenguaje técnico opaco para ocultar los intereses detrás de sus medidas. Con la excusa impuesta mediáticamente de que la corrupción estatal es una realidad  latinoamericana que debe ser extirpada, y a partir del mito del Estado “mal administrador” realiza una persecución judicial a dirigentes políticos.

Tiene dos características: por una lado, la persecución se centraliza en los que encabezan partidos que han sabido beneficiar a la clase trabajadora; por otro, la manipulación del poder judicial de cada país auxiliada con injerencia norteamericana en las “investigaciones” hace posible inventar causas sin respaldo legal correspondiente, logrando la suspensión electoral, el procesamiento, el encarcelamiento, o el simple desprestigio de los líderes políticos. En todos los casos, el poder mediático a servido para instalar el tema de discusión en la sociedad y lograr algún respaldo, con el cual no cuentan legalmente.

Lula da Silva, Dilma Rouseff y Cristina Fernández son los casos más representativos, junto a Lugo y Correa.

De todo lo anterior podemos sacar algunas conclusiones para comprender los sucesos en Brasil y Argentina. Durante todas las campañas electorales en las que Dilma y Lula participaron, los medios concentrados, encabezados por O Globo se ocuparon de impregnarlos de olor a corrupción sin pruebas, pero con muchas horas de programación. Días antes de la segunda vuelta electoral entre Dilma y Neves, la revista Veja sacaba un informe con declaraciones falsas que la perjudicaban. El testigo era un tal Alberto Youseff, quien en una entrevista realizada en los días posteriores a las elecciones negó conocer la información publicada.

Tiempo después, la presidente elegida por 54 millones de brasileros era destituida mediante un golpe parlamentario que fue denunciado como inconstitucional por importantes medios extranjeros, gobiernos y organizaciones internacionales. El pasado 24 de enero, el expresidente Lula da Silva sufrió una suerte parecida. Sin pruebas fehacientes sobre el supuesto departamento que le fue entregado a cambio de concesiones a la constructora OAS, el exmandatario fue culpado por corrupción pasiva, y su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre pende de un hilo. El momento en que ocurren los eventos no parece casual.

Lo paradójico es que el actual presidente Temer y varios otros funcionarios del actual gobierno se encuentran también implicados e investigados por la causa Lava Jato, pero para ellos la justicia no ha llegado a más que alguna citación a declaratoria,

En Argentina, meses antes de las elecciones presidenciales del 2015, Nisman aparecía muerto en su departamento. El O Globo argentino, Clarín, junto a todo su aparato mediático, denunciaba a Cristina Fernández como culpable, alegando únicamente presunciones. El Poder Judicial le seguiría el juego al monopolio de las noticias, aunque en mayo del 2015, por falta de pruebas rechazaría las acusaciones. De cualquier manera, la criminalización de la mandataria había sido consumada.

En esa misma época aparecerían las denuncias por la  “ruta del dinero K”, mediante la que se acusaba a la familia Kirchner de la posesión de cuentas off shore. Clarín se ocupó de dar por hecho la existencia de estas cuentas estando aún el proceso en curso. Aquí la tragicomedia oculta la gravísima trama del actual presidente de los argentinos. El Grupo Macri fue confirmado en 2016 como poseedor de 50 cuentas offshore, de lo que poco se dijo en los medios. Hasta un libro sobre los Panamá Papers fue escrito por investigadores alemanes, causa por la cual varios funcionarios de gobiernos europeos debieron renunciar.

Claro está, entonces, que la guerra judicial ha sido y es premeditada; que ataca en momentos clave y a dirigentes previamente identificados. No a los que facilitan el mecanismo transferencia de riquezas a aquellas ciudades capitales, sino a los que la dificultan. Las acusaciones a Dilma y Lula no son por corrupción, de la cual deberían hacerse cargo si se comprobara, sino por haber sacado a 40 millones de brasileros de la pobreza. Las que recaen sobre Cristina y su gobierno son por haber creado más de 6 millones de puestos de trabajo.

Referencia:

(1) https://www.telesurtv.net/opinion/Lawfare.-la-judicializacion-de-la-politica-en-America-Latina-20170307-0058.html

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