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La Cobertura Universal de Salud: algunas imprecisiones y los engaños de siempre

Manifestación suave

Hay una base cierta: “los sistemas de salud de América Latina son altamente fragmentados. […] Están organizados por una combinación de los servicios tradicionales del sector público, los servicios de seguridad social para los empleados formales, y los servicios privados para los que tienen capacidad de pago. La carencia de coordinación entre los tres subsectores ha sido fuente de ineficiencias, ya que los diversos grados de fragmentación dificultan el correcto uso de los recursos requeridos para alcanzar la cobertura universal de salud.” (1). Esta fragmentación es el resultado de las esquirlas del Estado peronista (con Ramón Carrillo como expresión en la política de salud), esparcidas por el Consenso de Washington tras varias décadas de retroceso tras los golpes de 1955 y 1976. Esto determinó que las desigualdades sociales corriesen a la par que las inequidades en salud. Los humildes sí pueden acceder a la salud, pero les es más difícil.

En Latinoamérica en general y muy particularmente en nuestro país, algunas medidas llevadas a cabo en el sector de la salud, como Remediar, Plan Sumar, entre otros, generaron una notable mejora en los principales indicadores de salud (2).

A las necesidades existentes en nuestro continente, la Organización Mundial de la Salud propone la CUS. Es una idea que ya aparecía en el Informe del Banco Mundial de 1993 “Invertir en Salud”, donde se criticaba el gasto, a su entender ineficaz, en salud. Según Howard Waitzkin esta ineficacia se basa en la falacia que supone que “la eficiencia aumenta si se separa la financiación de la prestación de servicios”. En sintonía, la Fundación Rockefeller aconsejó una atención primaria selectiva de la salud.

Rescatamos, del documento antes citado el siguiente párrafo: “…los esfuerzos para alcanzar la cobertura universal de salud requerirán un gran aumento del gasto público, que se ve limitado por las restricciones fiscales. Por consiguiente, los esfuerzos por incrementar una cobertura eficaz tendrán que ir acompañados por reformas fiscales”.

La idea dura

El primero en presentar este sistema fue el ex presidente de Colombia, Gaviria Trujillo, en el Foro Económico Mundial. Recordemos que en el Consenso de Washington se indicaba una “redirección del gasto público en subsidios hacia una mayor inversión en los servicios favorables para los pobres como […] la atención primaria de salud”. La CUS pasa entre la “redirección”, la “selectividad” y la “reforma”.

La aplicación de la CUS en la Argentina, empezando con la prueba piloto que será la Provincia de Mendoza implica dejar atrás un sistema de salud asentado en el sector público, con gran nivel de infraestructura y tecnología, que recoge experiencias históricas fundantes como la del Dr. Ramón Carrillo que explicaba la importancia de la prevención, vivienda, higiene y alimento, y en donde son los trabajadores quienes administran y conducen las obras sociales sindicales que le dan atención a cada asalariado. Antes de la CUS aún tenía vigencia el derecho constitucional de la gratuidad y universalidad del acceso a la salud, tal es así que actualmente casi el 70% de la población argentina tiene cobertura médica a través del PAMI, las obras sociales (nacionales o provinciales) y las prepagas. El 30% restante se atiende en hospitales públicos.

Se nos dice que por la CUS tendremos historia clínica electrónica, diagnósticos precisos según código internacional. Se sumarían “prestadores” privados, obras sociales y -obviamente- el sector público y el beneficiario – (¿ o consumidor?)- del sistema puede elegir “libremente” el prestador que le sea afín. “¿Qué cambia entonces, de fondo?”, le preguntan (3) al Ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus: “si hay alguna prestación que el sistema público no puede dar, la va a convenir (¡!) con el sistema privado”, responde. El diablo está en los detalles.

El financiamiento

Queda explícito en el mismo decreto que, del total del Fondo Solidario de Redistribución ($ 29.500 millones, formado por los aportes de los trabajadores) la mayor parte ($8.000 millones) irá a dar comienzo al sistema. Otro poco ($2.704 millones) “vuelve” a las Obras Sociales y $14.000 millones de pesos serán colocados en bonos del Tesoro Nacional.

Cuando se le preguntó a un directivo del Ministerio (4) como piensan seguir con este plan, pues lo único que está claro es el aporte del 15% al Fondo, dijeron que probablemente tengan créditos de organismos internacionales (¿BID, BM?) y seguramente el presupuesto provincial hará lo suyo.

El Estado garantiza el pago de la prestación con plata que ahora tiene y el día de mañana lo hará con ese crédito probable, asfixiando aún más las provincias o cargándolo en los pagos de bolsillo de los usuarios. Un estado bobo y finalmente perverso. No en vano se ha dicho que “el Gobierno pretende seguir reduciendo el presupuesto y sustituir el sistema universal financiado por el Estado, reemplazándolo por un seguro para pobres y propiciando el arancelamiento y la tercerización de servicios” (5) y que “la garantía del derecho dependerá así del bolsillo del ciudadano, no de la política de Estado” (6)

¿Cuál sería la cobertura mínima de la CUS? No lo sabemos. Porque para eso se crearía la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud. “De mínima -nos dicen- cubre lo del plan Sumar”. ¿Y qué hay de los Programas Médicos Obligatorios? “Veremos”. Fuera de la “cobertura mínima”, ¿existe el libre juego de la oferta y la demanda?

Una sugerencia

Rescataremos el concepto que nos dio Evo Morales hace algunos años: “Buen Vivir”, que toma aspectos mucho más abarcativos que el ciclo “salud-enfermedad-atención” (7). ¿Como podemos asegurar el buen vivir? El inicio de la respuesta está en el aumento de empleo, y el trabajo en blanco, con afiliación a una obra social conducida por quienes la financian. No olvidemos, además, la cuestión de la soberanía alimentaria -para hacer frente al monocultivo y los agrotóxicos- y el acercamiento de los bienes culturales a los hombres que trabajan. Resumiendo: “una política sanitaria debe estar inserta en el marco de una política nacional […] en una sociedad con alta participación en las decisiones, igualitaria en la distribución de bienes, planificada y socializada”. (8)

Referencias

  1. Daniel Titelman, Oscar Cetrángolo, Olga Lucía Acosta. La cobertura universal de salud en los países de América Latina: cómo mejorar los esquemas basados en la solidaridad. The Lancet el 16 de octubre, 2014. Esta revista es una de las más citadas en el ámbito de la salud y la edita Elsevier: la mayor editorial de libros de medicina y literatura científica del mundo. Forma parte del grupo RELX Group.
  2. La reforma de los sistemas de salud y la cobertura universal de salud en América Latina. Rifat Atun, Luiz Odorico Monteiro de Andrade, Gisele Almeida y cols. The Lancet 2014
  3. http://www.perfil.com/ciencia/en-2017-ya-va-a-estar-funcionando-la-nueva-cobertura-universal.phtml
  4. Entrevista a la Dra. Analía López, Directora de Articulación de Coberturas Públicas Jurisdiccionales; en esta misma revista.
  5. Guillermo Pacagnini, Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (Cicop)
  6. María Fernanda Boriotti, SIPRUS. En https://www.pagina12.com.ar/59665-los-medicos-pegan-el-grito-de-alerta
  7. Dr. Daniel Gollán, ex Ministro de Salud: El sistema está “enfocado en la atención y no en la prevención de la salud”.
  8. Bases para un programa peronista de Salud. En http://www.ruinasdigitales.com/revistas/ProgramaDeGobierno02.pdf

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