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La interna entre Macri y los empresarios

“El empresario argentino se viste con las mejores ropas del exterior pero cuando le decís de abrir las importaciones pone el grito en el cielo recordándote que se perderán puestos de trabajo” sentenció el CEO de la República en la reunión de esta semana con su gabinete. La chicana, que hasta puede resultar graciosa, es todo un síntoma de un conflicto interno en el capital concentrado.

Macri, como representante del mundo de las finanzas, tiene una relación ambivalente con los grandes industriales del país – congregados en la Unión Industrial Argentina – producto de sus intereses encontrados. A pesar de tener varios puntos de coincidencia, cuando la rentabilidad de los productos financieros asciende a más de 26% por encima de lo invertido; la industria pretende una atención similar.

Las condiciones que exigen son muy claras: encarecer las importaciones, reducir salarios y cargas laborales, un tipo de cambio “competitivo” y una merma en la presión fiscal. A pesar de que el gobierno está cumpliendo algunos de estos reclamos – léase proyecto de flexibilización laboral en ciernes y constantes reducciones a la carga impositiva de los grandes grupos económicos – hay otros en los que no puede avanzar debido a que se enfrenta con sus propios intereses.

Para que los negocios financieros sigan siendo rentables en el país, tal como fue el boom del carrytrade, el tipo de cambio debe permanecer estable. Si un especulador trae a principio de año 1 millón de dólares norteamericanos y los traduce, por citar un caso, a 20 millones de pesos argentinos, con una rentabilidad del 26% (que era lo que ofrecieron las LEBAC en su mejor momento) el mismo adquiere 25,2 millones de pesos que son 1,26 millones de dólares. Cambia y se vuelve a su casa.

Ahora bien, si el gobierno en el medio devalúa el tipo de cambio a 21 pesos por dólar, en la misma operación el especulador pierde US$ 6.000. Multipliquemos estas sencillas cifras por la cantidad de millones de dólares que mueve el sistema financiero que opera en Argentina, y aumentemos la variación del tipo de cambio en algo más que un peso y tendremos idea de qué tan grandes son las presiones sobre el gobierno para mantener el dólar estable.

Por su parte, los empresarios vinculados a la producción de bienes y servicios no financieros requieren un tipo de cambio que se vaya adaptando gradualmente. La inflación va haciendo que el tipo de cambio real (es decir la cantidad de bienes y servicios que efectivamente puedo comprar con $100, versus la cantidad que podía comprar antes con el mismo dinero) se coma el tipo de cambio. Veamos:

Supongamos un dólar estable a $20: Si a principio de año, una heladera cuesta $7.000 y la inflación proyectada es del 18%; a fin de año necesitaré $8260 para comprar el mismo electrodoméstico. Si una heladera importada, de idénticas características, cuesta US$ 400 (unos $8.000) a principio de año será competitivo comprar la local; pero a fin de año ahorraré $260 con la foránea.

Sumemos a esto la intención de Macri de abrir las importaciones a más productos de origen extranjero, su necesidad de cerrar el acuerdo Mercosur – Unión Europea, entre otros; y comprenderemos cuáles son entonces los intereses en puja.

Mientras tanto, y como prenda de paz para aumentar la competitividad de la industria, el gobierno apunta al sindicalismo argentino: del mismo modo que los gremios metalúrgicos “complican” a los empresarios porque pujan por salarios más elevados, el gobierno nacional y sus esbirros provinciales tienen que cerrar la paritaria de estatales. Mientras exista movimiento obrero organizado el país seguirá siendo un dolor de cabeza para el capital concentrado, sea este financiero o industrial.

Por eso las medidas estratégicas del gobierno nacional (proyecto de reforma educativa, reforma laboral, etc.) apuntan fundamentalmente a acabar con la peor enfermedad de la Argentina peronista: los sindicatos que luchan por los derechos de sus afiliados.

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