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La persecución política ahora la hacen los bufones jueces del macrismo.

Una decisión política, la del memo de entendimiento con Irán, avalada por el Congreso de la Nación, desestimada en sede judicial dos veces, y en primera instancia por el magistrado Daniel Rafecas. Hoy es utilizada para lograr una configuración del poder legislativo que sea aún más favorable al gobierno quien intenta aprobar distintas leyes que perjudican a los argentinos.

El pedido de desaforo de Cristina Fernandez, quien sería la senadora que encabezaría la oposición en el senado y la referente de los opositores en diputados, en un marco político en el cual el gobierno intenta aprobar distintas medidas de ajuste, solo puede ser entendido como una maniobra para amedrentar a los opositores y disminuir las chances de que los proyecto de reforma previsional, tributaria y laboral no se conviertan en ley.

Los medios de comunicación monopólicos se encargan de la propaganda de la prisión preventiva ordenada por Bonadio como mecanismos netamente judiciales, y no como herramientas políticas de las cuales dispone el gobierno para lograr sus propósitos. (RIN)

Cacería a la oposición

La ex presidenta fue procesada con prisión preventiva por la firma del Memorándum con Irán. Por esa causa también fueron detenidos Carlos Zannini, Luis D’Elía y Jorge Khalil. Oscar Parrilli y Andrés Larroque fueron procesados, pero en su caso sólo se les impuso la prohibición de salir del país.
Imagen: EFE

El juez federal Claudio Bonadío pidió el desafuero y la prisión preventiva para la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner, en el marco de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA que investiga el pacto de entendimiento con Irán. El juez pidió también la detención además del ex canciller Héctor Timerman, aunque por su delicado estado de salud en su caso se solicitó la prisión domiciliaria. A la madrugada fueron detenidos el ex secretario General de la Presidencia Carlos Zannini y el dirigente piquetero Luis D’Elía.

Las órdenes del magistrado se hicieron efectivas a primera hora de la madrugada con las detenciones de Zannini, en Río Gallegos, y de D’Elía. A partir de las 7, efectivos de la Policía Federal aguardaban en la casa del referente de la comunidad islámica en Argentina Jorge “Yussuf” Khalil, quien también fue arrestado.

Bonadio avanzó en la denuncia del fiscal fallecido Nisman, que acusó la firma del Memorándum con Irán como traición a la patria. El Memorándum fue aprobado en el Congreso por diputados y senadores y ni siquiera aquellos que lo votaron en contra advirtieron que fuera ilícito.

Luego de la razzia desatada desde la madrugada, con previo aviso a los medios de comunicación movilizados para captar las imágenes de los procedimientos, el juzgado de Bonadio confirmó que el magistrado dictó el procesamiento sin prisión preventiva del ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli y del diputado y dirigente de La Cámpora Andrés Larroque.

Los procesamientos y pedidos de prisión fueron sobre ex funcionarios y ex dirigentes del kirchnerismo que acudieron al llamado de la Justicia cada vez que fueron citados a declarar en esa causa, con lo cual siempre estuvieron a derecho.

A todos se los vincula con la acusación del fallecido fiscal de la UFI-AMIA Alberto Nisman, quien había sostenido que ese acuerdo escondía un supuesto encubrimiento a los cinco iraníes imputados y, por ello, acusó a la ex presidenta y los demás funcionarios y dirigentes por el presunto delito de “traición a la patria”. Esta denuncia fue desestimada en dos instancias judiciales posteriores por carecer de pruebas de delitos. El primero que la desestimó fue el juez federal Daniel Rafecas, quien hoy justamente fue citado a una suerte de indagatoria el Consejo de la Magistratura para dar cuenta de esa decisión tomada hace dos años.

El Memorándum firmado en 2013 le permitía a Nisman y al juez federal Rodolfo Canicoba Corral a tomar declaración indagatoria en la República Islámica a los iraníes imputados por el atentado a la mutual judía, ocurrido en 1994 durante el gobierno de Carlos Menem. También creaba una Comisión de la Verdad para aportar datos a la investigación por el atentado a la AMIA.

El pacto fue firmado por Timerman y Ali Akbar Salehi, el canciller del país cuyo Parlamento no aprobó el acuerdo y, por lo tanto, hizo que jamás entrara en vigencia. En cambio, como el Congreso argentino sí lo ratificó. En esa oportunidad, el entonces jefe de bloque del oficialismo, Miguel Ángel Pichetto, había defendido el acuerdo al sostener que “este es un intento de abrir el camino para encontrar la verdad”.

A pesar de que la denuncia de Nisman había sido desestimada, la DAIA le dio un nuevo impulso y, 12 días después de la asunción de Mauricio Macri a la Presidencia, la Cámara Federal volvió a darle entidad a ese expediente al declarar “inconstitucional” al Memorándum. Sobre estos hechos se fundamentó la avanzada que esta madrugada echó a rodar una virtual razzia contra los imputados. (Página 12)

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