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No hay ajuste sin represión

El gobierno encabezado por Mauricio Macri tiene en su haber el lastre de ser uno de los mayores endeudadores seriales de la historia argentina; de provocar una enorme transferencia de recursos hacia las empresas prestadoras de servicios públicos mediante un “tarifazo”, y aumentar en millones los nuevos desocupados y pobres en el país. Pero, además, carga con el peso de ser el primer gobierno luego del golpe cívico militar de 1976 con el que se vuelve a hablar de desaparecidos en la Argentina.

Ambos aspectos se plantean desde el periodismo “independiente” como cuestiones distintas: una cosa es el plan económico de Macri y otra parece ser no encontrar a un artesano “perdido”. Para el gobierno y el grupo Clarín (que, al fin y al cabo son lo mismo), Maldonado esta “perdido” y no “desaparecido”, como es la carátula del expediente judicial.

No obstante esta obstrucción mediática, sabemos que la desaparición forzada y la política de ajuste son asuntos estrechamente vinculados, ya que la historia argentina demuestra que jamás existió la posibilidad de llevar a cabo planes de ajuste que no incluyeran la represión por parte del Estado.

Gracias a Macri y sus aliados como Cornejo (quien no ha se ha referido ni una sola vez al caso Maldonado), el 9,2% de argentinos están desocupados, mientras hay 100 millones de dólares de nueva deuda externa cada 24 horas; buena parte de la misma deberán pagarla los próximos veinticinco presidentes (bono a cien años). Por otra parte, desde diciembre de 2015 cerraron 3.935 empresas. Estos son sólo algunos de los logros de la tan proclamada “revolución de la alegría”; la misma sólo ha logrado que el modelo de concentración y transferencia de la renta nacional al exterior funcione con la perfección de la relojería suiza en el país.

Pero, mientras pasa esto, los trabajadores y quienes han dejado de serlo retoman los tradicionales métodos de expresar su descontento. Desempolvan banderas, bombos, y con un grito feroz exigen que esto se termine de una vez. Pasó en el Cordobazo, en el Mendozazo, en la marcha de San Cayetano; ocurrió durante los miles de días en la Carpa Blanca Docente y, finalmente, reaparece hoy en el conflicto de Cresta Roja, los trabajadores de PepsiCo, los docentes de la Escuela Itinerante, la represión en El Bolsón y en Córdoba, y adquiere su sesgo más trágico con la desaparición forzada de Santiago Maldonado hace más de cuarenta dias en manos de las fuerzas de seguridad estatales.

La manifestación y reclamo de las clases populares en el ejercicio legítimo del derecho a la huelga y a peticionar ante las autoridades, contrasta en estos casos con el uso de la fuerza coercitiva del Estado que, tanto en el Gobierno de Macri como en los que corresponden a los hechos citados recientemente, no son usadas en defensa del país, sus recursos y sus posibilidades de vivir dignamente, sino, por el contrario, representn la última instancia de defensa de los intereses dominantes cuando el blindaje mediático y los falsos saberes brindados por el sistema educativo desnacionalizado no son suficientes.

A quienes se manifiestan los reprimen con palos, gases y balas y, a los que miran desde sus casas los reprimen mediante el miedo a llevar a cabo cualquier actividad colectiva que cuestione el orden establecido. Esta imposición a través del miedo es todavía peor contra la actividad política que frente a la protesta social. La despolitización busca expropiar a los pueblos, precisamente, de la actividad capaz de hacer posible lo que nos han hecho creer que parece imposible, como, por ejemplo, una sociedad más justa y un país más integrado e independiente.

Sólo en el mes de agosto, el gobierno de Macri y sus aliados provinciales, han debido enfrentarse a 468 manifestaciones; sólo en el primer trimestre del año se contaron 984 protestas, de las que el 61% corresponden a reclamos de laborales.

Frente a ello, el gobierno elabora nuevos mecanismos represivos. Uno de ellos tiene que ver con la reforma del Código Penal de la Nación que agrava las penas para hechos ocurridos en manifestaciones públicas.

En Mendoza, en el ámbito educativo, la aplicación compulsiva del ítem aula no solo ataca el salario docente, sino que también coarta el derecho a huelga reconocido constitucionalmente y busca debilitar a la organización sindical de los trabajadores de la educación.

Entendemos que estos métodos pertenecen a un gobierno que, si bien tiene legitimidad de origen al haber sido votado por los argentinos en elecciones libres, pierde cada vez más la legitimidad de ejercicio, al adoptar políticas antipopulares que impone mediante la represión. Los resultados de las PASO indican la pérdida de apoyo social al gobierno de Macri.

En suma, condenamos cualquier hecho de represión estatal frente al reclamo legítimo de las clases populares en búsqueda de mantener sus derechos y conquistas logradas; exigimos la inmediata aparición de Santiago Maldonado y la renuncia de la ministra Patricia Bullrich quien, en el mejor de los casos, es incompetente y no puede continuar desempeñando el cargo; en el peor, será encubridora, junto a Macri, de la desaparición forzada de persona, conforme ya investiga un fiscal de la nación.

Sabemos que toda política de ajuste tiene una sombra fatal: la represión. Esperemos que no se cobre más víctimas. Para ello hay que detener la política de ajuste por medio de la democracia movilizada del pueblo argentino./

Dra. Noelia Navarro
Precandidata a concejal de Capital por lista Nueva Conducción Frente Somos Mendoza
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