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Macri y la destrucción de la Universidad

El decreto 632/2018 del poder ejecutivo destruye uno de los más importantes vínculos entre la universidad pública y el resto del Estado, por medio de la abolición de los convenios de asistencia técnica. Esto significa que ahora el Estado deberá contratar investigaciones privadas, así como asistencia técnica y personal idóneo que proveía la universidad. Por lo tanto, lejos de representar un recorte de gastos, es una forma más de aumentarlo, dándole un nuevo negocio a delincuentes financeros que son la sustancia misma de esta desgracia histórica conocida como macrismo.

El infame decreto fundamenta su decisión en la dictadura del FMI, diciendo que:

“…que a fin de contribuir con la reducción del gasto público se considera necesario prohibir la celebración de nuevos Convenios de Servicios de Asistencia Técnica entre las Jurisdicciones y Entidades del PODER EJECUTIVO NACIONAL, comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, y las Universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública, como así también resulta oportuno disponer que los citados Convenios que se encuentran vigentes queden sin efecto a partir del 1° de enero de 2019.

La salvaje disposición jurídica se completa en el artículo 3° del mencionado reglamento ejecutivo:
“…Convenios de Servicios de Asistencia Técnica. Los convenios vigentes de servicios de asistencia técnica mediante servicios personales, celebrados entre las Jurisdicciones y Entidades del PODER EJECUTIVO NACIONAL (…) y las Universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública, ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas, celebrados en los términos del Decreto Nº 336 del 10 de febrero de 2016, quedarán sin efecto a partir del 1° de enero de 2019. Asimismo, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto las partes individualizadas precedentemente no podrán celebrar nuevos convenios de servicios de asistencia técnica mediante servicios personales.” (Cf. Dto. 632/2018 B.O. 10/07/2018)

Cuando el pueblo argentino recupere el control del Estado y los delincuentes de la ceocracia financiera cumplan sus condenas en los establecimientos penales de la Nación, habiéndose reintegrado sus bienes depositados en paraísos fiscales al patrimonio nacional, esta siniestra pieza del derecho colonial deberá estudiarse en todos los niveles del sistema educativo como una muestra cabal de la legislación antinacional de la rosca oligárquica macrista, que entiende a la universidad como un problema fiscal, un foco de déficit, un asunto contable a reducir, sólo gasto público a recortar.

Por el contrario, el pensamiento nacional de la emanipación latinoamericana enaltece a la universidad, porque está probado que un sistema educativo de alto nivel, integrado por una educación superior universitaria y no universitaria dirigida a la recreación de la inteligencia nacional, pone en manos del pueblo los intrumentos culturales de la liberación nacional y social de la patria. En otras palabras, sin universidad importamos TODA la tecnología -aumentando la transferencia de renta nacional al exterior en concepto de pagos de patentes, licencias, royalties, etc.-, y lo que es peor, importamos el pensamiento que nos encadena a pobre destino agrario, minero o exportador de materias primas; sin producción nacional industrial, despojados de la técnica moderna, sin trabajo, sin dignidad y sin futuro.

La universidad pública en función nacional incrementa el PBI de la nación. Y si el pueblo recupera la soberanía y arroja al hampa financiera de la Casa Rosada y sus tronos provinciales, y retoma la tradición nacional, desarrollando una política de liberación criolla, integración suramericana y justicia social, se cierran las fuentes por las que se desangra el país y se fortalece el Ingreso Nacional Neto, repartiéndose con un alto grado de justicia. En síntesis, la mayor cantidad de profesionales y de graduados del sistema educativo superior aumenta el precio que paga el capital por la fuerza de trabajo; en otros términos, el trabajo tiende a llegar a una mayor participación en el ingreso nacional frente al capital. Y podemos retomar donde dejamos, en los gobiernos del general Perón, donde el primera participaba con el 51% y el capital con el 49%. Esa es una sociedad más justa.

En suma, el decreto de Macri es un desastre financiero, combate la universidad pública, favorece la piratería de la alta finanza y anula los escasos puntos de contacto entre un sistema universitario colonizado y los demás sectores de la república. Es más colonización cultural y más sufrimiento para los trabajadores, los estudiantes y el pueblo de la Nación./


Fuentes

Boletín Oficial de la República Argentina · 10/07/2018

Chaco día por día · 10/07/2018

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Dr. Gabriel Delgado
Abogado y profesor.
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