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Rechazo al Código Contravencional de Cornejo

Por Dr. Leandro Fontán y Dr. Gabriel Delgado | Partido Movimiento Integración


El proyecto de Código Contravencional propuesto por el gobernador Cornejo para sustituir el Código de Faltas vigente en nuestra provincia criminaliza la protesta social y dos de sus causas: la pobreza y la precariedad laboral.

No es casualidad que el gobierno provincial -que aplica a la perfección el plan de ajuste del gobierno de Macri- pretenda poner coto y reprimir mediante esta legislación a la protesta social, gremial y política que es el resultado de la pérdida de derechos y el sufrimiento del pueblo provocado por el ajuste.

El proyecto acusa una exacerbada orientación punitivista. Por ejemplo, castiga a los mendigos “fraudulentos” que simulen enfermedades para estimular la piedad (art. 92), a los vendedores ambulantes que vociferen sus ofertas (art. 55 y 56), a los cuidacoches (art. 57 y 58); así como a los ciudadanos u organizaciones sociales, políticas y sindicales que protesten en la vía pública u organicen reuniones “no autorizadas” por el gobierno (art. 55).

Además, permite a los infractores “pudientes” cumplir la sanción mediante el pago de una multa; en cambio, los infractores pobres o sin recursos para pagar la multa, deberán trabajar para la comunidad o serán arrestados.

La sanción de multa tampoco sigue un criterio de progresividad: es igual para todos los infractores, sea cual sea su capacidad patrimonial, lo que injusto, ya que en caso de los infractores pertenecientes a las clases sociales más acaudaladas, la pena no cumple ni su función retributiva ni correctiva: simplemente pagan la multa y listo. Por lo tanto, es un criterio tributario regresivo que es ineficaz para combatir la alarma social causada por los infractores ricos.

Además, el carácter exageradamente punitivista del proyecto colisiona con la Constitución Nacional, pues invade la competencia del Congreso Nacional, que es la única institución que puede sancionar la legislación penal de la república; ordenamiento que establece penas privativas de la libertad por la comisión de delitos.

El conflicto se produce porque el proyecto prevé el arresto (sanción que no tiene diferencias sustanciales con la prisión o reclusión), por mayor cantidad de días que la pena privativa de libertad impuesta por el Código Penal para delitos consumados o en grado de tentativa.

Esto vulnera el principio de proporcionalidad de la sanción penal -base de la racionalidad jurídica, ya que, por ejemplo, se sanciona con mayor gravedad la omisión de denunciar el extravío de un perro peligroso (art. 65 del proyecto) que la tentativa de hurto frustrada por causas ajenas a la voluntad del autor (art. 42 y 44 del Cód. Penal).

Sin embargo, la mayor amenaza del proyecto de Cornejo es el margen de discrecionalidad administrativa y la inseguridad jurídica por la indeterminación que representan las contravenciones tipificadas como negación de informes sobre la propia identidad personal (art. 43), ofensa personal a funcionario público (art. 46), actos turbatorios y desórdenes (art. 55), donde las pruebas son aportadas por la autoridad y el derecho de defensa del acusado es severamente dificultado.

Esto último se transforma en un mecanismo para disciplinar la protesta social, política y sindical, organizada o no, poniendo en manos del gobierno un instrumento capaz de amedrentar a los ciudadanos que tendrán sobre sí  permanentemente la amenaza de ser arrestados en caso de no obedecer los requerimientos de las autoridades. Pero con semejante Código Contravencional, la ciudadanía se halla indefensa.

Por ello, rechazamos un Código Contravencional creado para criminalizar la pobreza, la exclusión, la precariedad laboral y, por sobre todo, crimininalizador de la movilización popular que cuestiona la injusticia social./

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