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Reducir el déficit es ajuste y deuda

Luego de las elecciones legislativas, el gobierno Nacional dio rienda suelta a los aumentos de tarifas que tenía previstos. El de la nafta fue el primero en llegar con una suba del 10% y el resto no se hará esperar. La razón esgrimida para justificar dichos aumentos es la necesidad de reducir el déficit fiscal. Pero ¿son los trabajadores los que deben pagar los costos que implican reducirlo, o los sectores financiarizados y concentrados de la economía? Para Macri, la respuesta es clara, los primeros.

La razón por la cual el gobierno de los CEOS necesita reducir el déficit fiscal, que se estima este año será de un 8% en relación al PBI, recae en la búsqueda de inversiones para seguir “incorporándonos al mundo”. Para ello la receta es el ajuste, esto implica gastar menos (en obra pública, salud, educación, etc) de lo que se recauda. ¿De qué manera? En principio quitando todo tipo de subsidios a los servicios básicos, como por ejemplo la luz, el gas, el transporte, entre otros. Mientras tanto el aumento de los salarios es inferior al de los bienes y servicios afectando el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.

El proyecto político del gobierno de Cambiemos queda en evidencia al permitir aumentos en servicios que afectan el nivel de vida de los argentinos. Durante las próximas semanas se aumentará la tarifa de la luz, que tendrá un ajuste en noviembre y en febrero; el incremento del gas que está previsto para el 1 de diciembre, luego de que se realicen las audiencias públicas que comenzaron el 13 de noviembre, este aumento tendrá una incidencia del 40% en la factura sin impuestos. La Federación Nacional de Conductores de Taxis que lidera el sindicalista macrista José Ibarra pedirá al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta otra suba del 12 %. A esto debemos agregarle el aumento autorizado desde el gobierno a las pre pagas, que alcanzaría la quinta suba anual de un 5% que llegará en noviembre. El transporte público, el monotributo, los cigarrillos, los peajes y el abono del fútbol son también parte del plan del ajuste.

La contracara de estas medidas económicas es la reducción impositiva a los sectores concentrados de nuestra economía, la cual se llevó a cabo desde el comienzo de su mandato: se libró de impuestos de exportación al trigo, al maíz y a la carne, además las retenciones a la soja disminuirán el 0,5 % mensual hasta llegar a un 18% en diciembre del año 2019. Vale aclarar que la soja es la mayor exportación agrícola que realiza el país. Las mineras corrieron la misma suerte, ya que a partir del Decreto 340/2016 se eliminó el impuesto a las exportaciones mineras, esto le costó al Estado Nacional 200 millones de dólares, solo en el primer año. Además, los exportadores ya no tienen la obligación de liquidar sus divisas en el país. Si bien desde el año pasado se habían ampliado los plazos de liquidación, que fue de 15 días a 10 años, hoy ya no hay plazo máximo. Esto significa para la Argentina un 10% menos de ingreso de divisas respecto al año 2016.

Si los sectores concentrados de la economía cada vez pagan menos impuestos, retenciones y aranceles, alguien debe pagar más para que el Estado pueda cumplir con las obligaciones que tiene, que van desde el pago de salario a estatales hasta los compromisos de deuda. Esto explica por qué el Estado debe ajustar los tornillos de la economía sobre los sectores más postergados de la Argentina, favoreciendo la transferencia de renta nacional al exterior, en particular de los exportadores. El proyecto político del actual Gobierno Nacional tiende a favorecer a unos pocos a costa de muchos. Mientras que para los trabajadores y trabajadoras es cada vez más difícil llegar a fin de mes, algunas aves de carroña se hacen un festín con nuestra soberanía económica./

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