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Si no hay ley, que haya protocolo

No pasó el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado en la madrugada de hoy. Los argumentos pendulan entre el credo religioso y visiones puramente liberales e individualistas, pasando por posiciones respecto de salud pública y económicas nacionales -y presupuestarias-. Podemos desde esta revista coincidir con algunas palabras de la senadora Cristina Kirchner, quien en el debate declaraba “estar a favor de la vida cada vez que voto en contra de políticas económicas que significan que la gente esté peor […] cada vez que me he opuesto a la precarización de derechos, porque le arruinamos la vida a la gente cuando se precariza un derecho” o con Pino Solanas cuando dice: “estoy seriamente preocupado por quienes se dicen democráticos y cree que le puede imponer a mas de la mitad de las mujeres argentinas su mirada y su concepción del mundo”.

Ahora uno de los planes es llegar a las despenalización vía reforma del Código Penal. De esta manera se lograría seguir debatiendo este tema -algunos ven en esto una conveniencia “distrativa”- y lograr una “solución” al problema planteado. De más está decir que esa solución es absolutamente parcial toda vez que se encuentra en un marco de disminución de gasto público, disminución relativa de salarios etc. Con el ajuste, cualquier reforma corre el serio riesgo de quedar en letra muerta.

Desde esta revista mantenemos firme la propuesta que hicieramos hace un tiempo ya, cuando el Protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo vio la luz. Esto últmo no se contradice ni con el debate libre y de alto nivel ni con otras leyes ni proyectos que lleguen al poder legislativo.

Cornejo en Mendoza (y varias provincias a nivel nacional) tiene la oportunidad de adherir a este protocolo y zanjar la deuda pendiente. Conseguirá hacerlo siempre y cuando abandone la idea de seguir ajustando, o abandone el sillón de San Martin, lo que ocurra primero.

A continuación reproducimos una síntesis del protocolo y el enlace para verlo completo.

El objetivo del protocolo es «…promover en todo el país el derecho que tienen mujeres, niñas, adolescentes y toda persona con capacidad de llevar adelante una gestación, de acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) cuando este se encuadre en las causales previstas por el sistema normativo del país».

Marco jurídico del derecho a interrumpir un embarazo

En su fallo “f., A. L. s/medida autosatisfactiva”, de marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en su carácter de último interprete de todo el sistema normativo del país, estableció que quien se encuentre en las condiciones descriptas en el art. 86 inc. 2 del Código Penal “[…] no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, toda vez que la ley no lo manda, como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible” (CSJN, 2012: considerando 21).

De esta forma, en la Argentina toda mujer, niña, adolescente y, en general, toda persona con capacidad de gestar, tiene derecho a solicitar una interrupción legal del embarazo que cursa según los mismos estándares de calidad que el resto de los servicios de salud, cuando:

el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no pueda ser evitado por otros medios;

el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer y este peligro no pueda ser evitado por otros medios;

el embarazo proviene de una violación;

el embarazo proviene de una violación sobre una mujer con discapacidad intelectual o mental.

El ejercicio de la opción a la ILE en dichas circunstancias se encuadra en los derechos a la autonomía personal, la privacidad, la salud, la vida, la educación y la información; asimismo, a los principios de no discriminación e igualdad.

Este marco general del derecho a la interrupción del embarazo fue aclarado en la sentencia de la CSJN. En ella se definió que en las circunstancias arriba enumeradas es siempre el Estado, como garante de la administración de la salud de la población argentina, el que tiene la obligación “de poner a disposición de quien solicite la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura.

Rápida, por cuanto debe tenerse en cuenta que en este tipo de intervenciones médicas cualquier demora puede epilogar en serios riesgos para la vida o la salud de la embarazada. Accesible y segura pues, aun cuando legal en tanto despenalizado, no deben existir obstáculos médico-burocráticos o judiciales para acceder a la mencionada prestación que pongan en riesgo la salud o la propia vida de quien la reclama” (CSJN, 2012: considerando 25).

La decisión de la mujer es incuestionable y no debe ser sometida por parte de las/ los profesionales de la salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas.

Leer el Protocolo ILE | Interrupción legal del embarazo (2016)
( http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000875cnt-protocolo_ile_octubre%202016.pdf )
Leer la Guía de ANP – Aborto no punible (2010)
(http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000667cnt-Guia-tecnica-web.pdf)

Protocolo para la interrupción legal del embarazo (ILE)

Fuentes:

Protocolo para la interrupción legal del embarazo (ILE)

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