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A desalambrar: ¿Impuestazo Rural?

¿Alguien se preguntó cuánto aporta el inmobiliario rural a la recaudación provincial? De cada 100 pesos que recauda la provincia solo $3 provienen del inmobiliario rural. En 2015 era de $1.8. Si lo comparamos con automotores o sellos, estos dos aportan cada uno $9 de cada $100. Aporta más quien tiene un auto que una persona alcanzada con el inmobiliario rural. ¿Inequidad distributiva?

Si hay dos herencias que recibió la ex gobernadora María Eugenia Vidal fueron un bajo nivel de endeudamiento y la Ley Impositiva del año 2012 se modificó la Ley Nº 10.707 de Catastro Territorial para incorporar una autorización legal genérica y permanente para que el Poder Ejecutivo de la Provincia proceda a efectuar revalúos generales inmobiliarios cuando lo estime conveniente, en lugar de hacerlo cada diez años. En la gestión Kicillof se envió a debate de diputados y senadores bonaerenses. La segunda herencia fue la deuda como porcentaje del Producto Grupo Geográfico que pasó de 5.9% en 2015 a 9.2% en 2019 según lo proyectado.

Según la gobernadora Vidal el impacto en el orden del 38% en el Inmobiliario Urbano y Rural de 2018 se resolvió “para continuar corrigiendo la distorsión generada en 12 años de alta inflación en la que no se actualizó el valor fiscal de los inmuebles”. Pero hay una detalle a recordar y fue durante los años 2012-2013 que se recuerda que la provincia aplicó un revalúo del Inmobiliario Rural y la Mesa de Enlace se puso en pie de guerra. “Esto es peor que la Resolución 125. Si se sanciona la ley, las consecuencias para los productores van a ser terribles ”, había pronosticado a mediados de 2012 el ex titular de la Sociedad Rural Argentina Hugo Biolcati. Sin embargo nada catastrófico ocurrió. La actualización del valor fiscal de los inmuebles se fue realizando sin generar distorsiones en la actividad económica.

Retomando aquel 2018 la gobernadora Vidal disminuyó alícuotas de ingresos brutos que consideraban distorsivos para la actividad económica y la generación de empleos. Y el resultado no fue el esperado. El empleo de los asalariados bonaerense disminuyó drásticamente, y aún se mantiene sin recuperación, paso de 1.969.000 (en enero de 2018) a 1.879.000 (octubre 2019) lo que significó 90.000 puestos de trabajo menos en la provincia de Buenos Aires. Lo que demuestra que bajar los impuestos, generalmente, no tiene como contraparte mejorar la actividad económica.

Cómo cuentan Silvina Batakis y Agustín Lódola en su texto “Historia y reformas del impuesto inmobiliario rural en Buenos Aires: 1821-2014”, se buscó ponderar la valuación inmobiliaria fiscal como herramienta de política pública que permita acortar la brecha que se produce respecto de los valores de mercado y la falta de actualización de la mencionada valuación fiscal. Donde todo impuesto contiene luchas de intereses que resurgen a la hora de considerar posibles modificaciones para lograr ese objetivo. El campo no es algo homogéneo ni los habitantes de la provincia de Buenos Aires son todo lo mismo como algunos medios, periodistas, presentan anunciando estas medidas como “impuestazo”.

Otro punto interesante para repensar el Inmobiliario Rural es que por otro lado la medición de gran parte de las externalidades medioambientales suele estimarse sobre las modificaciones en las valuaciones de la tierra o propiedades de la zona, por lo que un catastro económico permanentemente actualizado representa una importante herramienta para atacar tales problemáticas. También resulta necesario conocer el valor de la tierra y las edificaciones a la hora de establecer tratamientos especiales de pequeños establecimientos o de regiones que se pretenden promocionar en términos demográficos y sectoriales.

Por otro lado, en un sistema federal donde debe existir coordinación de bases imponibles, como por ejemplo en el Impuesto a los Bienes Personales que coherentemente toma para su base imponible las valuaciones fiscales provinciales. Como herramienta pública, una real valuación fiscal contribuye a una recaudación equitativa al tiempo que permite contar con información apropiada para una eficaz focalización de las políticas de subsidios o exenciones especialmente importantes en cuanto a la amortiguación de los efectos negativos de cualquier emergencia agropecuaria así como para determinar en forma fehaciente las diferentes rentabilidades de los usos alternativos de la tierra a la hora de proyectar todo emprendimiento agropecuario.

Por todo ello, la reciente modificación propuesta por la gestión de Kicillof, teniendo en cuenta la herencia recibida, apunta a una segmentación en términos del inmobiliario rural.

SUSTENTABILIDAD: El impuesto determinado se ajustará, en promedio, por el equivalente a la inflación registrada durante 2019, buscando mantener su valor durante 2020, en un esquema de segmentación, a partir del cual se le bajará la carga impositiva a los más pequeños. Es decir que, en promedio, EL IMPUESTO NO AUMENTA EN TÉRMINOS REALES.

SEGMENTACIÓN: para darle mayor progresividad al impuesto, se propone un esquema de topes segmentados según el valor de las propiedades. Para las de menor valor fiscal el aumento será del +15%, muy por debajo de la inflación. Solo cuando se trate de propiedades de alta valuación fiscal y de más de 2.000 hectáreas, que representan sólo el 7% de las propiedades, el incremento llegará al 75% (un aumento real de 12,9%).

EXENCIONES: Se otorgan exenciones para propiedades de hasta 100 hectáreas dedicadas total o parcialmente a la producción tambera. Y también para propiedades de hasta 50 hectáreas destinadas a la producción agropecuaria.

Estas medidas van en sintonía con las aplicadas en Córdoba por el ministro de Finanzas Osvaldo Giordano que en el caso del inmobiliario rural la suba rondará entre un 46% y 77%

En el caso del urbano edificado se proponen un esquema de topes segmentados según el valor de las propiedades. Para las de menor valor fiscal el aumento será del 15%, muy por debajo de la inflación, mientras que para las de mayor valor fiscal la variación anual será de hasta el 75%. El 86% de las propiedad (3.843.187) recibirá un incremento menor a $3.500 durante todo el año que viene, pagadero en cinco cuotas.

Por último, en esta Ley impositiva no se modifica la tabla de alícuotas para automotores y si pagarán más quienes posean embarcaciones de mayor valor.

No es un impuestazo, sino una redistribución de los recursos disponibles, ante los desocupados, las personas en situación de calle, las familias con hambre y las fábricas cerradas, se bajaron los impuestos y el resultado fue una crisis social ¿Será hora de probar algo diferente?

*Ernesto Mattos es economista del Departamento de Economía Política del CCC, artículo publicado en “MinutoUno”

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