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Aumentos bien PRO

La realidad de nuestro país y de uno de los principales índices a la hora de medir el valor de nuestro trabajo, es decir, el poder de compra emanado de nuestro salario para adquirir bienes y servicios, tiene día a día un panorama cada vez más sombrío.

Desde el gobierno nacional acuden a las típicas recetas emanadas del consenso de Washington para elaborar una respuesta antinflacionaria, es decir, bajar el gasto público y con ello “moderar” el consumo de los sectores asalariados de nuestro país. Esto técnicamente se llama atacar la inflación por la vía de la demanda. Pero evidentemente este tipo de medidas no esclarece nada y por el contrario profundiza aún más la crisis en la que estamos sumergidos.

¿Es un error del gobierno llevar adelante dicha política para paliar los precios de los bienes de consumo masivos y de algunos servicios? Pues no, es parte de un plan dirigido a generar una transferencia de recursos de los sectores asalariados y algunos sectores vulnerables de nuestra sociedad hacia los grandes conglomerados económicos y financieros que actúan en nuestro país.

La forma de llevar adelante dicha política es a través del techo paritario impuesto para este año que ronda, en la gran mayoría de los sectores asalariados salvo honrosas excepciones, en un 17%. A esto se le sumaron algunas quitas de pensiones sociales como aquellas por discapacidad (cerca de 80 mil pensiones). El revuelo que se armó por esto obligó a volver atrás con algunas quitas. Es la política del si pasa, pasa.

Esto obviamente no se condice para nada con la escalada inflacionaria del año pasado, producto de la mega devaluación impulsada por el gobierno para beneficiar a los sectores exportadores, lo que generó que los precios internos de ciertos productos de consumo masivo se fueran por las nubes.

A estos se sumaron los llamados “sinceramientos de tarifas”, que luego se siguieron “actualizando” durante todo este año (subas de entre 26 y 36.6%) y que han afectado principalmente a los sectores de menores recursos “mientras los salarios van por la escalera, los precios por el ascensor”. Las compañías prestadoras de servicios públicos, más que agradecidos.

El mes de julio fue lapidario para algunos sectores sociales que ven cada vez más vacios sus bolsillos.

La suba de los combustibles de 7% representa un impacto directo en el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de 0,3 puntos porcentuales. Pero además impactará en los costos de las empresas, lo que podría generar nuevas remarcaciones, tal como sucede cada vez que aumentan las tarifas de luz y gas. El sistema relativo de precios es una bola de nieve que termina limando el poder adquisitivo de los sectores trabajadores y en este caso también a la industria que, o bien cierra o ajusta su plantilla de personal, es decir, despiden más trabajadores para costear los aumentos en los costos de producción. La variable de ajuste siempre es el laburante.

Otro de los servicios que aumentaron son las prepagas, para las que se autorizó una suba del 6% para este mes y que continuará en aumento según fuentes cercanas a las mismas. Ajuste sobre la salud de la población. A esto se le agregan los medicamentos de consumo masivo que aumentaron en promedio 132% desde el 30 de octubre de 2015 hasta la fecha. De esta manera uno de los sectores más vulnerables de la población, como son nuestros jubilados, ven directamente afectados sus bolsillos y por ende su vida al verse incrementados los precios de sus medicamentos.

Tanto los medios de comunicación, como el gobierno provincial de Alfredo Cornejo en convivencia con la CEOcracia que conduce el Estado Nacional, hablan de un “necesario sinceramiento” de los precios de algunos bienes y servicios que anteriormente estaban subsidiados, o bien, eran regulados por el Estado.

De esta forma naturalizan uno de los ajustes más brutales que ha vivido la historia de nuestro país. El problema es que lo hacen con un cinismo totalmente inhumano. Todo en pos de beneficiar algunos sectores económicos, en detrimento de la gran mayoría del pueblo argentino que día a día ve perder uno de sus principales derechos, que es el derecho a la vida y a vivir dignamente.

Estas elecciones de medio término son una ocasión que se torna sumamente importante para decirle basta a estos personeros de oscuros intereses que actúan con total impunidad desde el Estado, sea este provincial o nacional. Esperemos que el próximo agosto el pueblo les haga tronar el escarmiento, a través de su voto, a estos sicarios del mal.

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