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Deudas por «ítem zona»: irregularidades y ocultamientos


El pasado 13 de diciembre, la Legislatura provincial aprobó la ley que recategoriza el llamado “ítem zona” a partir de un relevamiento que contempla la situación geográfica, escolar y ambiental de cada institución educativa, asignando esta función a la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE).  El ítem, hasta ese entonces se aplicaba teniendo en consideración fundamentalmente criterios de lejanía y acceso.

Principal atención merece el mecanismo que, nuevamente, utiliza Cornejo respecto a los trabajadores de la educación. Nótese, que las modificaciones a llevar a cabo no se deciden con la participación de los docentes en la discusión ni menos aún en las propuestas a considerar.

Por el contrario, Cornejo y todo su gabinete rechazan la deliberación de estos temas en el ámbito propicio para hacerlo: las negociaciones paritarias que cuentan con participación de todos los sectores. Un ejemplo más del acentuado autoritarismo del gobernador cuando se trata de discutir las condiciones, derechos y reivindicaciones de los trabajadores provinciales. Mucho más blandito se lo notaba en las reuniones con los miembros del glamoroso BID hace pocos días atrás: la irreverencia, señor Gobernador, ¡debe ser con los de arriba y la solidaridad es con los de abajo!.

La recategorización era parte de una propuesta “integral” que contemplaba, además la aceptación del pago de la deuda con más de 16.000 trabajadores de la educación en concepto del “ítem zona”. Los trabajadores debían aceptar el “paquete” completo.

¿De qué trata esta deuda? Desde hace ya algunos años, muchas escuelas no estaban categorizadas del modo que correspondía de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Docente o, directamente a dichos establecimientos no se les aplicaba la bonificación.

Así, por ejemplo, en escuelas en que en turno matutino funcionaba el nivel primario o secundario tenían asignado determinado porcentaje de bonificación por zona pero, sin embargo, en turno vespertino funcionaba un CENS o CEBJA y a ellos la bonificación no se aplicaba. O bien, escuelas que se encontraban situadas a pocas cuadras tenían grandes diferencias en la bonificación asignada. Téngase en cuenta que la bonificación recae sobre la institución educativa y no sobre los trabajadores en sí.

Esta situación determinó que los trabajadores llevaran a cabo reclamos, tanto administrativos como judiciales, con el objeto de remediar la inequidad en el pago buscando el cobro de lo adeudado.

Recientemente, la Dirección General de Escuelas comenzó a informar cuáles eran las escuelas que, fruto de los errores antes mencionados, se incluían en la nómina para cobrar actualmente. Cada trabajador debe ingresar en la página de la DGE y a partir de la carga de su número de CUIL, corroborar si el pago correspondía y, en su caso, saber el monto.

En el caso de los docentes el pago de lo adeudado se liquida a partir de haber realizado el reclamo o haber obtenido sentencia judicial, contemplando dos años previos de manera retroactiva hasta el 2007. Es decir, si un trabajador de la educación hizo su reclamo en el año 2010, se liquida la deuda desde el año 2008 hasta el 31 de diciembre de 2017; si lo hizo en 2009 desde el 2007 y si lo hizo en 2008 también se le paga desde el 2007, fruto del límite en la retroactividad.

Los celadores, a diferencia del resto de los trabajadores de la educación comienzan a cobrar lo adeudado a partir del 2009, año en el cual se resuelve la negociación paritaria que les asigna esa bonificación.

Según lo determinado por la Dirección General de Escuelas, el monto que se paga en concepto de capital a cada trabajador es el resultado del siguiente cálculo: Básico x (Resolución de Zona – Zona Cobrada) por 13 meses (debido al Aguinaldo), por cada año. Respecto a los intereses devengados entre la fecha del acto administrativo y el 31 de diciembre de 2017, se aplica la tasa pasiva del Banco de la Nación argentina hasta el 28 de mayo de 2009, y a partir de esa fecha se aplica la tasa activa de la misma entidad.

Hasta ahí la información puede ser clara. El gran problema que se presenta es que en ningún lugar y de ninguna manera la Dirección General de Escuelas ni el Ejecutivo provincial han publicado la liquidación de cada trabajador. O sea que el trabajador no recibe una liquidación que explique el resultado del monto final de su deuda, sino solo una cifra que debe aceptar a condición de desistir de cualquier reclamo posterior.

La información que nos brindan los compañeros trabajadores de la educación es que hay diferencias enormes en la cifra que cada uno debe cobrar que no responde a criterios que ellos tengan en conocimiento o bien no se les asigna pago cuando debería haberlo, y como no pueden acceder a su liquidación no cuentan con las herramientas para poder reclamar.

Podrán tratar de eximirse de estos problemas Jaime Correas o Alfredo Cornejo aludiendo a inconvenientes técnicos, lo cual es falso. Existe una decisión política de no revelar la información que es derecho de cada trabajador, como consecuencia lógica de la concepción que de ellos tienen quienes conducen el Estado provincial: “…que los trabajadores no molesten, ni reclamen.”

Repudiamos la actitud tomada por el Gobernador y los funcionarios a cargo y exigimos se ponga a disposición de cada trabajador la liquidación de la deuda que corresponde cobrar conforme a derecho. Y que todos cobren íntegramente la deuda que por derecho les corresponde.

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Dra. Noelia Navarro
Abogada. Docente
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