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¿EL GOBIERNO DE ALBERTO LIBERA PRESOS? MITOS Y VERDADES

Con esta contundencia resuenan en los medios numerosos casos de procesados y/o condenados por delitos violentos o sexuales a los que se les ha otorgado el beneficio de la domiciliaria en las últimas semanas. La indignación se muestra generalizada ante la posibilidad de que puedan llegar a delinquir nuevamente o amenazar la integridad de las víctimas. El miedo en ellas y sus familias debe ser imposible de explicar.

Pero la crudeza de estos casos de alto impacto mediático no puede impedirnos realizar un análisis mentado de la situación. ¿Por qué en la Argentina la Justicia ha procedido a otorgar prisiones preventivas a gran escala? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Por qué obtuvieron este beneficio procesados o condenados por delitos graves? ¿Alberto Fernández está liberando presos?

¿QUIÉNES PUEDEN SALIR? ¿QUIÉN LO DECIDIÓ?

La Cámara Federal de Casación Penal es un organismo del Poder Judicial.  Es el máximo tribunal en materia penal que existe por debajo de la Corte Suprema. Cumple la función de ordenar criterios jurídicos que rijan en los fallos de los tribunales inferiores. El 13 de abril se publicó la Acordada Nº 9/20 en la que se resuelve “Recomendar a los tribunales de la Jurisdicción que adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder (…).” A continuación, la Cámara se expresa de forma clara y concisa sobre quienes debieran obtener este beneficio:

  1. A) Personas en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo (…);
  2. B) Personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena impuesta;
  3. C) Personas condenadas a penas de hasta 3 años de prisión;
  4. D) Personas en condiciones legales de acceder en forma Inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional, siempre que cumplan con los demás requisitos;
  5. E) Mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas;
  6. F) Personas con mayor riesgo para la salud (…) Las evaluaciones en cada caso deberían determinar si es posible proteger su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la detención (…).

¿Qué establece la acordada de Casación Federal sobre los delitos graves, como aquellos de índole violento o sexual?Meritar con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves, conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno, según la interpretación que el órgano jurisdiccional haga en cada caso.

Días antes de la Acordada Nº 9/20 de la Cámara de Casación Federal, el juez Víctor Violini de la Cámara de Casación bonaerense había aceptado el pedido de otorgamiento de prisión domiciliaria a numerosas personas privadas de su libertad, consideradas dentro de la población de riesgo. Con idénticos criterios a los de Casación Federal, es que el juez resolvió:

  1. A) Hacer lugar (…) al ARRESTO DOMICILIARIO de las personas detenidas por la comisión de delitos LEVES y que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, sean mujeres embarazadas madres con hijos menores alojados en las Unidades Penitenciarias (…).
  2. B) Disponer que respecto de las personas que se encuentren en situación de riesgo, pero imputadas o condenadas por la comisión de delitos GRAVES, (…), evaluando la necesidad u oportunidad de disponer una medida de arresto domiciliario (en cuyo caso, y cuando corresponda, deberá resguardarse la integridad psicofísica de la víctima) (…).
  3. C) Encomendar a los Jueces de Garantías, Jueces Correccionales y Tribunales en lo Criminal la evaluación de oficio de las prisiones preventivas de los imputados a su disposición, considerando para tal cometido los intereses de las víctimas, particularmente en los procesos por delitos contra la vida, la libertad, la integridad sexual y aquellos cometidos en un contexto de violencia de género (…).
  4. D) Disponer que los Jueces de Ejecución que tengan a disposición condenados sin sentencia firme, en los casos en que los procesados y condenados se encuentren en un plazo de seis meses anterior a alcanzar el extremo objetivo temporal previsto para obtener la libertad asistida o condicional, y que a su vez cumplan las demás exigencias impuestas, evalúen la necesidad de disponer, de manera extraordinaria y por única vez, la detención domiciliaria, (…).

¿ÉSTO OCURRE SÓLO EN ARGENTINA?

Pero la decisión adoptada por Violini no es fruto de una ocurrencia propia. Tal y como lo destaca en sus considerandos ambos documentos, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (presidido por la ex presidenta chilena, Michelle Bachelet), han instado a todos los Estados a tomar medidas de prevención de la salud de aquellas personas privadas de su libertad. Dichos organismos han hecho especial hincapié en países como los de América Latina, donde las condiciones de hacinamiento de las cárceles son exactamente lo contrario al aislamiento social y preventivo requerido para evitar la propagación del virus.

Para darnos una idea del problema de la sobrepoblación en las cárceles argentinas, solamente en Provincia de Buenos Aires (donde están detenidas la mayor parte de las personas privadas de su libertad), para finales del año pasado existían 45.641 personas detenidas en cárceles y 4.109 en comisarías, sobre una capacidad de entre 22.000 y 24.000 plazas disponibles.

Esta situación no solamente conlleva un riesgo para la población carcelaria en sí, sino para todo el personal compuesto por médicos, personal de seguridad, juristas, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, administrativos, etc. Por lo tanto, un foco infeccioso en una cárcel es un foco infeccioso para la sociedad en su conjunto.

Siguiendo estas recomendaciones de organismos internacionales, es que decenas de países alrededor del mundo han adoptado una política similar para descomprimir el sistema carcelario. Por dar algunos ejemplos:

    • En Estados Unidos, tan solo en Nueva York (el Estado con mayor cantidad de víctimas de la pandemia en el país), se liberó u otorgó arresto domiciliario a más de 1500 presos (lo que representa una reducción del 20% de su población carcelaria). Iguales situaciones se han dado en otros Estados como Virginia, Florida, Texas y Arizona, Estados reconocidos por el carácter punitivista de sus sistemas judiciales.
    • En Italia, la población carcelaria disminuyó entre febrero y abril de 61.230 a 55.036 personas.
    • En el Reino Unido, se conocen datos sobre la salida de 4000 presos sobre una población carcelaria de 84.000.
    • Hasta abril, en Francia, habían salido de las cárceles más de 9923 detenidos.

Podemos sumarles los casos de España, Irán, Turquía, Indonesia, Brasil, Chile o Colombia. Pero referenciémonos por el momento en los datos de algunos países, mal llamados, “serios”.

¿POR QUÉ SALIERON PROCESADOS Y CONDENADOS POR DELITOS GRAVES?

¿Por qué anteriormente transcribimos de manera textual lo resuelto por ambas cámaras de Casación Penal? Porque en ambos casos, resultan ser claras y concisas y sin posibilidad de otras interpretaciones que la expresan sus fallos. El beneficio de la prisión domiciliaria es apuntado fundamentalmente a aquellas personas que son consideradas como parte de la población de riesgo y han sido imputadas o condenadas por la comisión de delitos leves. En el caso de personas imputadas o condenadas por delitos graves, queda sujeto al criterio de los jueces de tribunales inferiores, pero SIEMPRE resguardando a las víctimas.

Entonces ¿por qué se le ha concedido este beneficio a personas imputadas o condenadas por delitos graves? Por el sencillo motivo del mal desempeño de ciertos jueces que fallaron sin seguir los criterios de Casación. Como consecuencia de esto y con el impulso del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, es que se presentó esta semana un pedido de juicio político a cinco jueces que no respetaron la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de un Delito  , que exige preservar la integridad psicofísica de las víctimas.

Sobre una sensata política de preservación del derecho a la salud (de las personas privadas de su libertad, del personal penitenciario y de toda la sociedad en su conjunto), es que han existido decisiones completamente ineptas (a criterio de un simple entendedor) de jueces que han fallado equívocamente cuando la Acordada de Casación y el fallo del Juez Violini son clarísimos. Una sola noche en vela de alguna de las víctimas ante la posibilidad de represalias de su agresor, resulta imperdonable.

¿DÓNDE CUAJA EL GOBIERNO EN TODO ESTO?

Pero los cacerolazos de los últimos días, de más está decir, no iban dirigidos contra jueces negligentes. Lo más probable es que muchos indignados desconocieran si quiera el nombre de alguno de estos magistrados. El apuntado era el gobierno de Alberto Fernández.

Si uno se dejara llevar solo por los contundentes titulares de los últimos días, razón no le faltaría. “Coronavirus en Argentina: el “mecanismo”, cómo es el plan para excarcelar a 6.000 presos en la Provinciasentenciaba el Clarín días atrás. Del mismo modo, Infobae titulaba “Quién es quién en el plan que está en marcha para liberar presos masivamente”.

Párrafo aparte, merecen ilustres personajes como la senadora bonaerense del PRO, Jazmín “Felicitas” Beccar Varela, quien llegó a afirmar que “el Gobierno liberará presos para formar patrullas que amenacen jueces y expropien el capital”; o el siempre ingenioso, Luis Majul, quien no tuvo tapujos en afirmar que los presos son kirchneristas y que la propia Cristina buscaba la liberación masiva para “ampliar su base electoral“.

Lo que resulta cómico se torna trágico cuando algunas encuestas afirman que la mitad de los encuestados cree que la “liberación de presos” la impulsa Cristina Kirchner.

Pese a todo lo anterior, debe hacerse una observación. Es cierto que ha existido la voluntad política del gobierno de Fernández para descomprimir las cárceles argentinas por razones de salud pública. Existieron, existen y existirán vínculos entre la esfera política y judicial.  Existieron cuando operadores políticos del gobierno de Mauricio Macri sembraban “carpetazos” en la Justicia con información obtenida a fuerza de extorsiones y amenazas para armar causas endebles como “la de los Cuadernos”, tal y como lo demuestran las investigaciones llevadas adelante por el juez Ramos Padilla. Y existen hoy, con un gobierno que adoptó una clara posición pública sobre el tema, antes inclusive de suscitarse la polémica.

Sin embargo, afirmar que el gobierno libera presos es mentiroso. Hablar de un “mecanismo” o un “plan” para que violadores y asesinos circulen libremente, es cínico. Obedece a una operación política y mediática que busca, en primera instancia, limar la amplia base de aceptación social que tiene el gobierno de Alberto Fernández, con encuestas que lo ubican por arriba del 70%.

La polémica es avivada también no sin cierto timing político. Luego de que la Corte Suprema se declarara incompetente para evaluar si el Congreso puede o no sesionar de manera virtual, se prepara para la primera sesión remota de la historia argentina. El primer punto del temario es el tratamiento del impuesto extraordinario a las grandes fortunas, una propuesta que difícilmente pueda objetarse a menos que uno pertenezca a un acaudalado linaje patricio o sea un hábil inversor financiero. Con todo el arsenal a su disposición, la prensa hegemónica busca cambiar las prioridades de la agenda pública y deslegitimar cualquier política impulsada desde el gobierno peronista.

UN PROBLEMA QUE PONE EN CUESTIÓN LA DIGNIDAD HUMANA

La polémica que abordamos exhibe un problema que no es nuevo. Las condiciones infrahumanas a las que son expuestas en las cárceles las personas privadas de su libertad ponen en tela de juicio la plena vigencia del Estado de Derecho en la Argentina. Aun cuando muchos deberán cumplir una justa condena por los crímenes cometidos, las decenas de miles de personas que alberga el sistema penitenciario son poseedores de derechos inalienables a su condición humana. En el estado actual, no existen garantías de que puedan ser resguardados

Esta postura está lejos de negar la necesidad de que exista un eficaz sistema carcelario. Es poner en cuestión un conjunto de problemas de fondo de las cárceles en Argentina y en América Latina, del que sólo se discuten las consecuencias. Las mencionamos en honor a la brevedad: pésima infraestructura, condiciones de hacinamiento, violaciones a derechos fundamentales, la mitad de la población carcelaria sin sentencia firme, entre otras.

No merecen rebatirse los argumentos de aquellos que niegan que la universalidad de los Derechos Humanos es extensiva inclusive a las personas privadas de su libertad, por más atroz que haya sido el crimen cometido. Son potencialmente tan criminales como aquellos a los que condenan.

CONCLUSIONES

  • Es FALSO que en la Argentina se estén liberando presos. Se promovió y se está efectuando el otorgamiento de detenciones domiciliarias a procesados con prisión preventiva y condenados con sentencia firme.
  • Es FALSO que el gobierno de Alberto Fernández esté liberando presos. El indulto del que legalmente podría hacer uso el presidente para otorgarle la libertad a los detenidos (siendo que es una figura contemplada en la Constitución Nacional), es una herramienta que NO ha sido utilizada en este caso y a la que Fernández se ha opuesto públicamente.
  • Es VERDADERO que se le ha concedido el beneficio del arresto domiciliario a procesados y/o condenados por delitos graves, en situaciones que podrían llegar a poner en riesgo la integridad psicofísica de las víctimas. Será responsabilidad del Congreso determinar la responsabilidad de los jueces que pudieran haber fallado de forma negligente o equívoca.
  • Es VERDADERO que el gobierno de Alberto Fernández ha impulsado la reducción de la población de las cárceles argentinas. Esta acción va en consonancia con las recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos y lo realizado por otros países del resto del mundo. Esto no quiere decir que “libere” a nadie, dado que son decisiones que corresponden exclusivamente a la esfera judicial.
  • Es VERDADERO que ha existido una operación mediática orquestada desde la prensa monopólica, fundada en mentiras y verdades a medias para atacar políticamente al gobierno de Alberto Fernández. La sincronía usual de los medios de mayor tirada del país, ofreciendo titulares tendenciosos o directamente falsos, dan fe de ello.
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