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¿GANAN LOS JUBILADOS CON ALBERTO?

No exenta de polémica está la política previsional del nuevo gobierno peronista. La recomposición de los ingresos jubilatorios y de los beneficiarios de la Seguridad Social fue uno de los ejes de campaña de Alberto Fernández.

Pero desde diciembre, los mismos ex funcionarios, periodistas u opinólogos de turno que callaron ante el atropello del macrismo contra el Sistema Previsional y sus beneficiarios, hoy se rasgan las vestiduras en defensa de los pobres abuelos. Ignoraron la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones[1] (casi del 20% en lo déciles más bajos de la pirámide jubilatoria); o la caída del 70% en dólares del valor de las acciones y bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad[2] (reserva que garantiza la solvencia del ANSES); o el recorte sobre los medicamentos gratuitos otorgados por el Estado; o el intento de aplicar el Impuesto a las Ganancias sobre los haberes jubilatorios[3]. Convenientemente, son los mismos que denuncian la inviabilidad del Sistema Solidario de Seguridad Social para las finanzas del Estado y deslizan (explícita o implícitamente) la necesidad de su privatización.

Pero borremos por un instante el historial de los susodichos y analicemos la veracidad de sus afirmaciones.

¿En qué consiste el decreto?

El aumento de los jubilados anunciado para marzo está compuesto por un monto fijo de $ 1500 más un 2,3% por sobre el haber que percibían hasta febrero. De esta manera quienes percibían la mínima de $ 14.068 pasarán a cobrar $ 15.892, lo que significa un aumento porcentual del 13%. Esto, en comparación con la fórmula de movilidad jubilatoria suspendida por la declaración de Emergencia Económica (que hubiera significado un aumento porcentual de 11,56%), implica una mejora del 1,34% ($ 197 más por mes y $ 591 por trimestre).

Hasta allí, todos de acuerdo. La polémica surge cuando se analiza el aumento que percibirán quienes cobran por encima de la mínima. Así, mientras que quienes cobraban hasta $ 16.195 en febrero pasarán a cobrar $ 18.067, igualando el aumento porcentual de la fórmula anterior (11,56%), quienes integran los déciles superiores de la pirámide (que llegan hasta jubilaciones superiores a $100.000) percibirán un aumento inferior en comparación.

¿Cuántos son los jubilados y pensionados que se verán directamente beneficiados por el decreto?  Según datos del ANSeS, será el  75% de los beneficiarios los que percibirán un aumento igual o mayor, es decir, 6,2 millones de personas[4].

Si consideramos que el aumento rige tanto a jubilados y pensionados, como a beneficiarios de la AUH y asignaciones familiares, serán el 86,7% (11,8 millones de personas) de quienes reciban prestaciones de Seguridad Social los que igualarán o superarán en sus haberes a la fórmula de movilidad anterior[5].

Justicia Social y Finanzas Públicas

El decreto se funda en un convencimiento ideológico, tal y como es, dotar de mayor progresividad al sistema. Con el escaso margen que le provee el calamitoso estado de las cuentas públicas heredado, el gobierno dirige los recursos a paliar la pérdida sufrida durante los últimos cuatro años  por los sectores de menores ingresos.

Aún quienes cobrarán más de $ 21.960 y no se ven directamente beneficiados por el decreto en relación a la fórmula suspendida, se ubicarán por encima de lo necesario para no ser considerado pobres según la Canasta Básica Total, que en enero rondó los $ 40.000[6] (el cálculo se hace sobre la suma de dos haberes jubilatorios, considerando que la CBT mide el precio de los bienes y servicios necesarios para vivir de una familia de dos adultos y dos menores).

¿Por eso debieran conformarse? Para nada, $ 20.000 de bolsillo son nada en la Argentina, desgraciadamente. Por eso debemos contemplar también que la medida se funda también en un criterio de racionalidad económica. La fórmula anterior, indexada por la inflación hubiese implicado un aumento indiscriminado del 54% anual de los haberes jubilatorios. De más está decir, que de sostenerse se hubiese tornado imposible para el Estado afrontar tales gastos, considerando el tremendo déficit externo e interno.

La propuesta es entonces, en el marco de una tremendísima crisis económica, aumentarles a los que menos cobran (que siendo 7,5 de cada diez, resultan ser la amplísima mayoría), aportando a la progresividad del Sistema Previsional y “achatando” la pirámide jubilatoria; discusión de larga data entre los economistas del Sector Público.

A lo anterior debemos sumarle el congelamiento de las tarifas dispuesto en diciembre y el anuncio de la recuperación del programa Remediar de distribución gratuita de medicamentos en los más de 8.500 centro de atención primaria del país, con un impacto estimado en 16 millones de personas. Se estiman la inclusión de 170 medicamentos, incluido aquellos destinados a tratamientos psiquiátricos, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  Se estimaba para el año pasado, que los jubilados gastaban entre el 30% y el 40% de sus ingresos en remedios[7].

 El futuro de los jubilados argentinos

El peso de los datos y los hechos dan por tierra las mentiras de los apologistas del desastre. Por el contrario, dota de sentido los bonos de $ 5.000 otorgados en enero y febrero, y el aumento anunciado en el día de ayer. La urgencia de los sectores más humildes, apabullados por la brutal política de ajuste de Cambiemos, obliga al gobierno de Alberto Fernández a destinar inmediatamente recursos a paliar sus necesidades; pero el desastre económico heredado, limita su capacidad de acción y la extensión de sus medidas hacia los sectores medios.

Por eso, lo anterior resulta insuficiente. Y lo es tanto para garantizar los ingresos justos y necesarios de todos los jubilados argentinos, como lo es para el saneamiento y sustentabilidad de las finanzas del Estado.

Por eso, el gobierno se dio plazo hasta junio para hacer votar en el Congreso una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los beneficiarios de la Seguridad Social y la sustentabilidad del Sistema Previsional.

Una fórmula como la implementada luego de la nacionalización de las AFJP, que esté indexada a los aumentos salariales y al aumento de la recaudación de los recursos de la Seguridad Social, puede ser la indicada. De esta forma, se pudiera garantizar aumentos jubilatorios justos y se evita el riesgo de desfinanciar el sistema[8].

Pero este camino es posible si se consigue una reactivación de la economía, que mediante el aumento de la Demanda Agregada, permita mejores salarios y una mayor recaudación del Estado. Y todo esto, a su vez, depende del éxito en las negociaciones que tenga el gobierno con el FMI y los acreedores privados. El agobiante peso de la deuda pública dejada por cuatro años de jolgorio financiero, hace imposible prever cualquier política a mediano y largo plazo hasta que no estén explicitadas las condiciones del pago de estos pasivos.

De lograrlo, Alberto Fernández habrá conciliado lo que muchos creían inconciliable. La Justicia Social, que es uno de nuestras banderas irrenunciables, y el manejo eficiente y sostenible de los recursos del Estado.

[1]En la era Macri las jubilaciones perdieron 20 puntos contra la inflación. Ámbito Financiero. 17/12/19

[2]El Fondo de Garantía de la Anses perdió 70% de su valor en dólares en la era Macri. Ámbito Financiero. 03/10/19

[3] Nuevos fallos excluyen a las jubilaciones del impuesto a las ganancias. El Cronista. 01/11/19

[4]Jubilaciones: quiénes ganan y quiénes pierden con el aumento que otorgó el Gobierno. Clarín. 15/02/20

[5]Ídem 3.

[6]Para no ser pobre se necesitan casi 39 mil pesos. Página 12. 13/02/20.

[7]Jubilados pueden comer solo 15 días del mes. Ámbito Financiero. 09/09/19

[8]Jubilaciones: Los Temas Que No Se Hablan

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