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¿Hacia dónde irá el Gobierno?

Tres meses desde la llegada del nuevo gobierno. Luego de avanzar en la sanción de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el inicio de la Campaña contra el Hambre y la ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, la presidencia de Fernández establece nuevos objetivos.

Tres problemas fueron los primeros que encaró el gobierno ante la urgencia, la cuestión económica, la social y el endeudamiento. Encarando un aumento de haberes, asignaciones sociales y salarios busca reimpulsar el consumo que tuvo en 2019 su mayor caída de la década. Con el respaldo legislativo para la negociación de la deuda pública, se busca reordenar las cuentas del Estado profundamente condicionado.

“Es imperioso recordar que soportamos un nivel récord de inflación del 53,8% durante 2019, debemos enfrentar una deuda pública récord en monto y concentración temporal de vencimientos. Sólo en 2020 los vencimientos de capital representan el equivalente a 48.968 millones de dólares, a ello deberíamos adicionar 14.838 millones de dólares en conceptos de intereses”.

“La desocupación trepó al 9,7% destruyendo más de 240.000 empleos privados en entre 2015 y 2019 y la industria instalada tiene una capacidad ociosa que roza el 40%. Llevamos 19 meses consecutivos de caída de la actividad industrial. Nuestro país hace 2 años que está sumido en una recesión profunda”

Comenzado el tratamiento de lo más urgente, el gobierno pone en marcha sus nuevas políticas para el año. En la cuestión económica apuntó a la lucha contra la inflación, un nuevo esquema para los hidrocarburos y la minería, junto a medidas para el agro.

Resulta paradigmático que con un consumo bajo, estabilizado el tipo de cambio y congelado el precio de los insumos energéticos, los precios sigan subiendo. La especulación sobre los bienes y servicios continúa y el gobierno se muestra decidido a combatirla por los medios legales. Los formadores de precios ya prueban el principio de los controles por medio de la Ley de Góndolas. Quedará por ver hasta dónde están dispuestos a ceder estos sectores.

Ante el déficit estatal y la situación internacional que atraviesa el mercado mundial de los hidrocarburos y los minerales, se plantea un marco legal especial que beneficie las inversiones para aumentar las exportaciones y los ingresos estatales.

Situación compleja de tratar, ya que en menos de una semana el barril de petróleo cayó a niveles de principios de los 90´, antes de la primera guerra del Golfo. Otra condición aún más preocupante es la restricción de las importaciones de China (nuestro segundo socio comercial) atravesado por la crisis sanitaria. Puede que nuevos acuerdos con países de la región ayuden a campear el temporal.

Dos aspectos más a se han resaltado a tratar, el social relacionado a la salud y el institucional ligado al Poder Judicial.

El primero ligado directamente al próximo tratamiento sobre la legalización del aborto, el Plan de los 1000 días de cuidado a la infancia, los medicamentos gratuitos a jubilados y la política sanitaria.

Todos estos aspectos expresan la urgencia de reparar la situación precaria de miles. Se plantea una ley que resuelva la problemática del aborto, reclamo que atraviesa a la sociedad y reviste una demanda urgente sobre la salud pública. Sobre la misma área, se manifiestan el resurgimiento del sarampión y el dengue, ante los cuales se comenzó el despliegue de un plan de compra de vacunas y distribución. Cómo nueva problemática se presenta la expansión a nivel global del coronavirus, ante la cual se implementarán nuevos protocolos sanitarios y la obligatoriedad de la cuarentena para los afectados.

Finalmente queda a tratar el funcionamiento del Estado. Implementando por un lado programas de especialización y perfeccionamiento de los funcionarios estatales acorde a los tiempos modernos. Por otro, comienza la discusión sobre el estado actual del Poder Judicial. Desde el tratamiento de las jubilaciones de privilegio y la creación de un nuevo fuero para combatir los manejos de la Justicia Federal. Tarea no menos simple, cientos de miembros del Poder Judicial amenazan con condicionar al Estado por medio de renuncias y amparos legales. La segunda reforma tampoco es menos importante, la camarillla de Comodoro Py y su infame bolillero tampoco quieren perder la cuota de poder que han amasado con los años y les ha permitido acomodarse al gobierno de turno.

El contexto económico local depende de la reactivación de la producción y el consumo, para lo cual se necesitan nuevos recursos. El contexto internacional no es beneficioso para nosotros, pero tampoco para el resto. Mientras caen las bolsas del mundo y los papeles de deuda, la volatilidad financiera se apodera de los mercados financieros. Lo cual los condiciona para negociar en mejores términos con países como el nuestro.

Diversificar las exportaciones se hace necesario para obtener los recursos para cubrir las necesidades del mercado interno y el pago de las obligaciones, más aún en un contexto de caída del comercio.

Tan importante como lo es cubrir las demandas urgentes de una sociedad atravesada por la crisis, la precariedad y la falta de derechos. El gobierno ha demostrado que cuenta con la capacidad de reacción. Hace unos meses el pueblo lo convalidó con el voto popular y da muestras de cumplir con sus promesas. El valor de la palabra parece ser un cambio notable, luego de años de promesas vacías y excusas extravagantes.

 

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