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¿Hacia donde va el movimiento obrero? (Parte I)

La situación actual del movimiento obrero en nuestro país encuentra al gobierno de Mauricio Macri en franca caída. Aun así, mantiene su principal herramienta para seguir avanzando sobre las conquistas laborales: la fragmentación constante del movimiento obrero, para que este no encuentre elementos de unidad que le permita sostener un plan de lucha. ¿De qué depende esto entonces?

SITUACION POLITICA-ECONOMICA

El gobierno de Mauricio Macri necesita cumplir a rajatabla con los imperativos determinados por el FMI para garantizarse un colchón de dólares que le permita llegar bien parado a las elecciones del 2019. Los auditores del fondo le exigen dos objetivos primordiales para que este reciba los dólares prometidos para su blindaje económico. Reducción del déficit fiscal y bajar la inflación vía “costo salarial”.

Pues estos dos objetivos parecen incompatibles con moderar las “inquietudes” del sindicalismo y ahorrarse conflictos con estos. Sin embargo, dichos objetivos afectan de forma distinta, según la rama económica a la que pertenecen cada uno de ellos y la relación de los mismos con sus bases.

Es en este panorama que la CGT, permanece desde hace un buen tiempo cuestionada por parte de otros sectores opositores a la actual conducción. Se pone en marcha un particular ejercicio de la democracia sindical que tiene como participantes a gremios de mucho peso -por la cantidad de afiliados- con o sin una larga historia de lucha y relaciones políticas más o menos aceitadas y en distinto grado de confrontación con el gobierno actual.

RELACION APARATO PRODUCTIVO-SINDICATOS

Aunque las medidas de Macri afecten a la totalidad de la masa de trabajadores -la inflación, por ejemplo- una serie de sindicatos son los más afectados por las políticas impulsadas por el gobierno de “austeridad salarial” mientras que otros tienen una actividad un poco más independiente de las políticas económicas actuales. Entre estos últimos podemos encontrar a dos de los principales gremios más reacios al gobierno de Mauricio Macri: Camioneros, conducidos por Pablo Moyano y los bancarios por Sergio Palazzo.  Ni el comercio con camiones ni la actividad bancaria se ve fuertemente afectada en este gobierno. Los detalles y excepciones no son objeto de la presente nota. Por su ubicación en el aparato productivo se encuentran alejados de tener efectos adversos sobre el nivel de empleo, lo que les permite tener un poder de presión distinto a otros. No casualmente estos han obtenido aumentos muy por arriba del techo salarial impuesto por el gobierno (pauta salarial del 15%). Gracias a ello, son justamente estos dos dirigentes, quienes se han propuesto como fórmula para conducir una nueva CGT.

A estos le siguen los gremios industriales que, por su ubicación en el aparato productivo, dependen casi exclusivamente de la producción de bienes. Si bien tienen un alto grado de movilización de sus afiliados, dependen de la política de restricción o apertura comercial que tenga un país a la entrada de productos provenientes del exterior. Esto los hace más indefensos frente a políticas de tipo aperturistas que afectan directamente la demanda de trabajo en este sector, para lo cual ante una pérdida de puestos de trabajo, pueden resignar reclamos salariales.

En los últimos meses estos han vivido una abrupta caída en el nivel de afiliados y estarían alineándose con la estrategia de la formula Moyano-Palazzo para conducir la CGT. Tras la debacle de la industria desde los tiempos de Martínez de Hoz y a pesar de la -tibia- recuperación en los años Kirchneristas no han podido ponerle el tono al movimiento obrero como en el gobierno del Gral. Perón. Se comprende entonces la marcha realizada el viernes 13 de julio al ministerio de producción, organizada por la UOM (Antonio Caló) y SMATA (Ricardo Pignanelli), para manifestar su preocupación por “los embates de las políticas económicas aplicadas” sobre el sector y reclamar medidas en resguardo del empleo.

Lo propio ha sucedido dentro de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), decisivos en la estructura de la CGT para garantizar la contundencia de una medida de fuerza, quienes han decidido iniciar un proceso de reorganización para calar con más protagonismo en la interna de la CGT. En ese sentido es que en la última reunión plenaria echaron a dos gremios cuyos dirigentes son abiertamente afines al gobierno de Macri: gremio de conductores de taxis, que encabeza José Ibarra y el de remiseros de Alejandro Poli. Ibarra es adjunto del rural Ramón Ayala (Uatre) en el grupo de gremios que reivindica el sello de las 62 organizaciones peronistas, hoy alineada totalmente con Cambiemos.

Esta medida puede ser vista como un guiño a Omar Viviani, líder del otro gremio de peones de taxi, enfrentado a Ibarra, y hombre fuerte del MASA, hoy fuera de la conducción de la CGT pero con franca vocación de volver a tener participación en ella.

También existe de dentro del sector privado un tercer grupo de sindicatos denominados “gordos” o “independientes”, en el cual la relación de sus afiliados es mínima, como mínima la participación en la vida interna del sindicato por parte de sus afiliados. Lo que sí importa en sindicatos con estas características son las contribuciones que sus afiliados realizan para sostener su gremio y sus obras sociales principalmente. Pues la manera más próxima de relacionarse que tienen es a través de la prestación de servicios que sus sindicatos brindan.

Al ser ésta su principal preocupación, son más proclives a tener una relación “dialoguista” o “negociadora” con los gobiernos de turno, ya que la asistencia estatal para mantener dichos servicios se torna fundamental para garantizar la preponderancia de sus dirigentes a la cabeza de sus gremios. Prueba de ello fue la relación de apoyatura que tuvieron estos gremios durante el gobierno de Menem y la actitud actual de escaso enfrentamiento al gobierno de Macri. Muchos de ellos son parte de la actual conducción cegetista, el principal es Daer de Sanidad y Cavalieri del SEC.

En la próxima nota, abordaremos el Sindicalismo en los trabajadores del Estado y un actor relativamente nuevo: la CETEP.

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