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LA CUESTIÓN DE LA MINERÍA EN MENDOZA. BREVE INFORME

La situación de dependencia y atraso que padece América Latina hace que la cuestión de la minería metalífera (en los términos hoy planteados) se vuelva esencial en las cuentas públicas, muchas veces a costa de cualquier precio.

Sin embargo, la misma podría ser una buena salida si su objetivo fuese tener una política de corte industrialista para el desarrollo económico y social del país rechazando de lleno cualquier actividad, por más rentable que sea, que hipoteque el agua, suelo y aire para las futuras generaciones.

En Argentina, el tema ha tenido un falso reduccionismo entre legislación minera o antiminera, a tal punto que en Mendoza hoy no existe explotación viable que se esté llevando a cabo. El gobierno de Cornejo no tiene pretensiones de planificar seriamente tal explotación. Trataremos de eludir tal reduccionismo.

LEGISLACIÓN MINERA

La producción argentina de minerales triplicó su volumen en la última década alcanzando una producción anual de más de 15 millones de toneladas, y multiplicó por 1,7 veces su valor de producción. Pero el problema de su explotación radica principalmente en su legislación actual.

Sabemos que el modelo minero se estructuró en los noventa a través de la reforma del Código de Minería (1886) que impide la explotación por parte del Estado nacional de los yacimientos; o la Ley de Inversiones mineras, tratando a los inversores extranjeros con los mismos derechos y obligaciones que los inversores nacionales e incluso mejor (estabilidad fiscal por 30 años, devolución del IVA, subsidio a la electricidad, limitación de regalías a un máximo de 3% del valor de boca de mina del mineral extraído, etc.). Hoy con Macri, ni siquiera pagan retenciones a las exportaciones.

De acuerdo a la Constitución de 1994, las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Con el Acuerdo Federal Minero (1993), son las mismas quienes pueden establecer concesiones para la explotación.

Como resultado, la Argentina se caracteriza por la presencia de múltiples esquemas normativos y heterogéneos grados de desarrollo de la actividad minera a nivel provincial. Sumado a que las empresas extranjeras concesionarias, poco les importa hacer una explotación sustentable.

Hoy provincias como Mendoza, tienen prohibida de forma implícita la explotación minera por las restricciones al uso de sustancias químicas (ley 7722).

MINERIA EN MENDOZA

La producción minera en Mendoza representa el 0,5% del total argentino y sólo el 0,2% del PBG provincial. Cuenta con yacimientos conocidos de oro, cobre, uranio, plomo, plata y zinc, entre otros.

Fuentes privadas estiman que el potencial geológico de la provincia es elevado en el caso del cobre, debido a que la zona de exploración de Papagallos tiene similares características geológicas que la región de la Mina El Teniente en Chile, el yacimiento con explotación subterránea más grande del mundo (CAMEM). El valor potencial de la explotación provincial, podría alcanzar un máximo de 349.234 millones de dólares.

Esto se torna esencial en una provincia que mantiene un matriz productiva poco diversificada, dedicada a servicios y /o extracción de materias primas agrarias.

Sin embargo un relevamiento de CAMEM postula que hay 20 proyectos paralizados, algunos de ellos en etapa de desarrollo o factibilizados y otros en fase de exploración.

¿Por qué otras provincias hacen explotación de sus propios recursos mineros y en Mendoza todos los proyectos han quedado truncos? El caso del Proyecto San Jorge o Potasio Río Colorado, son un ejemplo.

El problema de fondo es la ausencia del Estado provincial en la planificación de la explotación de los yacimientos. Actualmente seis de las ocho provincias mineras parte de la OFEMI, propiciaron empresas estatales para explotar de forma mixta -con privados- los recursos, ya que el Estado en sí mismo no lo puede hacer por Ley:

En Catamarca (CAMYEN), Río Negro (EMIR), La Rioja (EMSE), Jujuy (JEMSE), Chubut (Petrominera), Salta (REMSA), ya existía FORMICRUZ en Santa Cruz, CORMINE en Neuquén y el Instituto Provincial de Exploraciones y explotaciones mineras en San Juan. ¡La única provincia sin una empresa estatal de referencia es Mendoza!

Si existiese tal orientación, podrían buscarse alternativas para poner la Universidad al servicio de la investigación sobre la mejor manera de explotar los recursos buscando alternativas al uso de sustancias contaminantes prohibidas. Por ejemplo, en Perú un proceso combina la electroquímica e hidrometalurgia para extraer oro y plata sin utilizar cianuro ni mercurio, desarrollado por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.

Frente entonces a tal reduccionismo de explotar la minería por concesionarios privados que remitan todas las ganancias al exterior e hipotequen nuestro suelo; o el ecologismo que pretende prohibir totalmente una actividad necesaria para el desarrollo económico, social y humano; se tiene que pensar su explotación desde un punto de vista nacional- situado.

El Estado Provincial debe planificar la explotación minera, volcando su renta en la industrialización de los minerales obtenidos y en la protección del agua, el suelo y el aire (tecnificación de los sistemas de riego, plan de reforestación, financiamiento de construcciones con materiales biosustentables, desarrollo de energías renovables, etc.). Además, debe existir la participación democrática de la ciudadanía, a través de la licencia social.

Sabemos que los intereses del gobierno de Cornejo, al igual que Macri en la Nación, están en contra de la planificación estatal, su política económica se orienta al libre mercado. Las ganancias de multinacionales prevalecen frente a la explotación minera en favor de los argentinos.

Algunos dirigentes que están planteando el asunto de la minería. Por ejemplo, el gobernador Uñac fue reelecto con el 56%  de los votos, provincia que hace uso de la renta minera generada.

La otra minería: Sin plan industrial

En la provincia hay una especie de “remake” del modelo menemista:

Destrucción industrial con enajenación del producto del suelo. Cornejo, viendo los números rojos de la provincia, que tienden a no cerrar- aún con el aumento descomunal de la deuda provincial- empieza a pensar en la minería, al igual que lo está haciendo con el “fraking”.  Debe sortear la legislación de su antiguo aliado (la Ley 7722 es del gobierno de Cobos) y los reclamos sociales.

Previsor, ya había metido en su gabinete a Edurdo Sosa- ex titular de la ONG Oikos enemigo de la minería-  quien luego renunció. Ojalá la idea saliese como pate de un plan industrial mendocino, sin embargo se contrapone con los aliados favoritos de él y Macri: el sector financiero que no produce otra cosa que no sean pobres. Así estamos.

Esperamos contribuir al avance de este debate.

FUENTES

“Minería responsable para el crecimiento con equidad. El caso de Mendoza.” Informe del CEM.

https://impactoambientalysocial.blogspot.com/2016/02/extraccion-de-oro-y-plata-sin-utilizar.html

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