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Ley de emergencia alimentaria y el abandono macrista

Macri y sus adláteres han convertido a uno de los países más ricos en recursos naturales de la región en uno en que sus habitantes no llegan a fin de mes, muchos están sin trabajo, otros sin hogar y la dura realidad nos indica que muchos sin comer.

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En otros periodos críticos, desde el Estado argentino se han llevado adelante políticas sociales y económicas, tendientes a salvaguardar la integridad física y social de los que habitamos este suelo.

Un ejemplo de ello fue la declaración de estado de emergencia alimentaria nacional en el año 2002. La Argentina toda se sumía en una profunda crisis económica e institucional, las cacerolas expresaban el descontento popular. Otros tantos, ante el hambre, la incertidumbre y la desesperación se volcaban de a cientos en busca de comida.

El 15 de enero se aprobaba el decreto 108/2002 que declaraba la Emergencia Alimentaria Nacional hasta el día 31 de diciembre de 2002. Consistía en la creación de un programa destinado a la compra de alimentos, que sería administrado por el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente. El mismo fue ratificado también en el año 2006.

Bs. As., 15/1/2002               

VISTO la Ley N° 25.561 de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario y la Decisión Administrativa N° 1 del 1° de enero de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley citada en el Visto se ha declarado la emergencia en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que es de público y notorio conocimiento la gravísima crisis por la que atraviesa nuestro país, alcanzando extremos niveles de pobreza, agravados por una profunda parálisis productiva, tornándose obligatorio instrumentar las medidas necesarias y adecuadas para paliar tal situación.

Que por todo ello, resulta imprescindible la atención de las necesidades básicas alimentarias de la población en condiciones de vulnerabilidad y con riesgo de subsistencia.

Como podemos advertir la situación se torna similar, debido a las políticas antinacionales del macrismo. El último informe que elaboró el Observatorio de la Deuda Social de la UCA daba cuenta que en la Argentina hay 13,6 millones de personas viviendo bajo la línea de pobreza.

Lo más alarmante es que del total de niños de hasta los 17 años, el 51,7% es pobre y el 10,9% es indigente.

Frente a esto, la respuesta del Gobierno Nacional fue en sentido climatológico. De repente, el presidente se convirtió en meteorólogo y anunció que “(…) el aumento en el índice de la pobreza refleja las turbulencias de los últimos meses”, y advirtió que esta crisis tiene que ser la última” porque pasada la tormenta, vamos a crecer.”

Esto data de solo hace dos meses; la tormenta no pasó y hoy, legisladores opositores, organizaciones sociales (CCT, CCC, Barrios de Pie, etc.) y diversos gremios vuelven a movilizarse por la implementación de la Ley de Emergencia Económica (Ley 25.561) que el macrismo dejó sin efecto en enero de 2018. Desoír los reclamos de los más afectados y desvincular al Estado (conducido por Cambiemos) de cualquier responsabilidad, es muestra clara del carácter antipopular del gobierno.

Al mismo tiempo que miles de familias pasan hambre, los bancos y los hampones de las finanzas hacen negocios millonarios. Sólo en enero del 2019, se transfirieron al exterior U$S 2.000 millones.

¿Qué dice el proyecto de Ley?

Que la Argentina producía no hace mucho tiempo 10 veces más de lo que su población era capaz de consumir, “pero la irrupción de la soja en la superficie productiva fue en detrimento de la producción de alimentos tradicionales básicos de consumo popular. A su vez, su especialización, refiriéndonos a la soja transgénica, acelera la pérdida de la diversidad agropecuaria y alimentaria, y con ello, la pérdida de la calidad y variedad de la dieta de los argentinos y argentinas.

A nivel global hay una tendencia clara al monocultivo y a la especialización. Hay una marcada pérdida de la soberanía alimentaria de nuestro país. A su vez, el sector no escapa a la realidad general de todas las ramas de actividad de la economía argentina que se caracteriza por un alto grado de concentración económica, materializándose en una escasa cantidad de empresas nacionales y extranjeras, dando lugar a la existencia de monopolios y oligopolios que, a su vez, se traducen en cierta exclusividad en la formación de precios.

Entre sus principales artículos establece:

  • La prórroga del decreto 108/2002 y sus modificatorias hasta el año 2021.
  • Aumentar el 100% las partidas presupuestarias a programas alimentarios.
  • Delegar facultades extraordinarias al Jefe de Gabinete de Ministros a fin de efectuar las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a los efectos de proveer los fondos adicionales requeridos

Es el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación el autorizado a llevar adelante la presente Ley.

Al respecto Carolina Stanley, titular de tal ministerio, declara que “no pensaba actuar frente a mecanismos extorsivos.” ¿Creerá que más de 1 millón de personas están inventando que no tienen para comer? ¿A eso se refiere con extorsión?

La flamante ministra no desconoce la situación de vulnerabilidad de miles de argentinos y argentinas. Hace días aseguró “que la pobreza va a aumentar”. Lo que sabemos nosotros es que tanto a Stanley como a Macri poco le importa el destino de los sectores más desposeídos de nuestro país.

 

Proyecto de Ley completo: https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2018/PDF2018/TP2018/6643-D-2018.pdf

 

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