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¿Por qué tanto revuelo con la ley de Kicillof?

Si todo resulta según lo planeado, y las negociaciones con la oposición llegan a buen puerto, este miércoles 8 de enero Kicillof obtendrá en un durísimo segundo round la ley impositiva que le fue negada el 26 de diciembre pasado.

A fin de cuentas, la política se resume en la defensa de ciertos intereses y en la búsqueda de consensos, en medio de tensiones y negociaciones, para alcanzarlos. Decía el General Perón que conducir consiste en negociar un 50% para uno y un 50% para el otro, teniendo siempre presente que el 50% que uno se deja sea el que mayor conveniencia reporte. Eso parece haber aplicado Axel Kicillof al renunciar a varios puntos del proyecto original pero manteniendo el espíritu del impuesto inmobiliario rural.

En síntesis la ley impositiva 2020 busca:

  • Sostener la recaudación para atender las emergencias de la provincia.
  • Que los impuestos inmobiliarios se incrementen en promedio en la misma medida que la inflación del año 2019.
  • Establecer una mayor progresividad al interior de la estructura interna de los impuestos patrimoniales: se reduce la carga sobre los que menos tienen en relación a los que más tienen.
  • Que los propietarios de menor tamaño paguen menos que el año pasado en términos reales a través de una estructura segmentada del impuesto.
  • Sin incrementar la carga impositiva promedio en términos reales se busca que contribuyan en mayor proporción los que más tienen.

Entonces ¿Por qué tanto revuelo?

Básicamente porque se están tocando los intereses de los sectores agrarios más poderosos de la Provincia de Buenos Aires, vale decir, de una gran porción de la tradicional oligarquía terrateniente. Es sencillamente eso.

El “gran campo”, que será el más afectado con la nueva ley, ha puesto a andar toda su maquinaria de influencias y poder para trabar la ley y negociar. Naturalmente quien hace de alfil legislativo para defender dichos intereses es la bancada in totum de Juntos por el Cambio.

Para ordenar las cuentas provinciales Kicillof elige meter mano en los sectores más privilegiados de la Provincia que, concomitante y consecuentemente, no tienen afinidad política con el gobernador peronista.

En resumen el impuesto inmobiliario rural recae fundamentalmente sobre los grandes terratenientes, ya que:

  • Para darle mayor progresividad al impuesto, se propone un esquema de topes segmentados según el valor de las propiedades. Para las de menor valor fiscal el aumento será del +15%, muy por debajo de la inflación. Solo cuando se trate de propiedades de alta valuación fiscal y de más de 2.000 hectáreas, que representan sólo el 7% de las propiedades, el incremento llegará al 75% (un aumento real de 12,9%).
  • Se otorgan exenciones para propiedades de hasta 100 hectáreas dedicadas total o parcialmente a la producción tambera. Y también para propiedades de hasta 50 hectáreas destinadas a la producción agraria.

 

Solo resta por saber hasta dónde cede cada sector en esta puja de intereses. Solo hay una sola certeza: para Kicillof esta ley es fundamental para el resto de su gestión, y constituye la prueba de fuego para ponerse el saco de gobernador de la provincia más compleja del país.

 

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