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Una muerte como ejemplo

Este 8 de marzo murió la beba nacida por cesárea en Tucumán. La madre es, a su vez, una niña. Un sector del PJ se apura a meter un nuevo proyecto sobre el aborto, pese a que Ambito.com informara que “fuentes parlamentarias aseguraron que se retrasaría en envío del anteproyecto del Código Penal al Congreso para evitar que el “tema aborto” pueda causar divisiones en el seno de Cambiemos en año electoral.” (1). Si el asunto se repetirá este año como el anterior, dejemos claro una cosa: no se contradice salvar vidas con darse una política sobre el aborto y este es un ejemplo. Uno tristísimo e injusto.

Ni Tucumán ni Mendoza (entre otras 6 provincias) tienen una legislación al respecto, pese a que desde el 2012 a nivel nacional se cuenta con un protocolo que aborda el problema de manera integral, promoviendo la salud de la gestante, restringiendo la interrupción a aquellos casos que casi no dan para el debate. Para la mayoría de nosotros sería aceptado que la niña tucumana, violada por “el viejo” estaría entre esos casos. Demos un marco jurídico, antes de proseguir. (2)

Marco jurídico del derecho a interrumpir un embarazo

En su fallo “f., A. L. s/medida autosatisfactiva”, de marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en su carácter de último interprete de todo el sistema normativo del país, estableció que quien se encuentre en las condiciones descriptas en el art. 86 inc. 2 del Código Penal “[…] no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, toda vez que la ley no lo manda, como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible” (CSJN, 2012: considerando 21).

De esta forma, en la Argentina toda mujer, niña, adolescente y, en general, toda persona con capacidad de gestar, tiene derecho a solicitar una interrupción legal del embarazo que cursa según los mismos estándares de calidad que el resto de los servicios de salud, cuando:

  • el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no pueda ser evitado por otros medios;
  • el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer y este peligro no pueda ser evitado por otros medios;
  • el embarazo proviene de una violación;
  • el embarazo proviene de una violación sobre una mujer con discapacidad intelectual o mental.

El ejercicio de la opción a la ILE en dichas circunstancias se encuadra en los derechos a la autonomía personal, la privacidad, la salud, la vida, la educación y la información; asimismo, a los principios de no discriminación e igualdad.

Este marco general del derecho a la interrupción del embarazo fue aclarado en la sentencia de la CSJN. En ella se definió que en las circunstancias arriba enumeradas es siempre el Estado, como garante de la administración de la salud de la población argentina, el que tiene la obligación “de poner a disposición de quien solicite la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura.

Rápida, por cuanto debe tenerse en cuenta que en este tipo de intervenciones médicas cualquier demora puede epilogar en serios riesgos para la vida o la salud de la embarazada. Accesible y segura pues, aun cuando legal en tanto despenalizado, no deben existir obstáculos médico-burocráticos o judiciales para acceder a la mencionada prestación que pongan en riesgo la salud o la propia vida de quien la reclama” (CSJN, 2012: considerando 25).

La decisión de la mujer es incuestionable y no debe ser sometida por parte de las/ los profesionales de la salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas.

De paso, tampoco se contempló la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que establece en su Art. 2, que” Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos.” y en el Art. 3 se establece el “INTERES SUPERIOR. A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley.”

Un ejemplo

No es casual. Ni la edad, ni la relación del familiar, ni la situación de vulnerabilidad social -género femenino, niña, pobre- ni la región donde vive -el NOA-. Las políticas económicas del macrismo ha destrozado a todas esas variables: niños y niñas, a mujeres y varones, a los que tenían trabajo, a las regiones relegadas del modelo de soja o bancos. El Estado no es garante de casi nada, salvo de una minoría opulenta. Y esta muerte es un ejemplo. Es bastante obvio que el protocolo por el que abogamos no va a influenciar sobre lo dicho, pero es una política para disminuir trágicas muertes o trágicas maternidades hasta tanto de zanje el debate.

La otra, es sacar a Cambiemos del gobierno. Pues no es compatible la defensa de la vida segura y libre, en un Estado como el macrista.

1- https://www.lapoliticaonline.com/nota/118056-un-senador-peronista-presento-el-primer-proyecto-del-ano-para-legalizar-el-aborto/

2-https://rinacional.com.ar/sitio/adhesion-inmediata-de-la-provincia-de-mendoza-al-protocolo-del-aborto-no-punible/

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